Ante la crisis económica que afecta no sólo a la ciudad de México, sino a todo el país, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) requiere de una política de austeridad, pero con la “mentalidad de hacer más cosas con menos recursos”, sin descuidar la atención a las víctimas, señaló Édgar Cortez Morales, candidato a la presidencia del organismo.
En entrevista con La Jornada, el licenciado en derecho, filosofía y teología dijo que si bien durante la gestión de Emilio Álvarez Icaza hubo avances, sobre todo en comparación con otras entidades del país, en temas como los derechos económicos, sociales y culturales, no fue “igual de persistente” que en cuestiones como procuración de justicia y reclusorios.
Además, en algunos momentos se dio “prioridad a un derecho sobre otro”, como sucedió con la recomendación en torno al plantón realizado por Andrés Manuel López Obrador en Paseo de la Reforma en 2006, “donde se privilegió el derecho a la libertad de tránsito sobre los de expresión y de manifestación”.
Con más de una década en la lucha por los derechos humanos al frente de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la red Todos los Derechos para Todos, destacó que un presidente de la CDHDF con experiencia en la lucha de las garantías individuales desde la sociedad civil permitirá al organismo tener “una vocación efectiva de defensa de los derechos humanos”.
Édgar Cortez Morales, aspirante a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, durante la entrevista con La JornadaFoto Roberto García Ortiz
Al señalar que la sociedad civil debe coadyuvar y participar en el organismo, monitoreándolo, acompañando los procesos de cumplimiento de recomendaciones, incluso, es necesario que participe en el trabajo de seguimiento del programa de derechos humanos que se presentará el próximo 20 de agosto, pues de lo contrario se “corre el riesgo de que no envuelva a todos por completo”.
Apoyado por 43 organizaciones civiles y sociales, 38 defensores de los derechos humanos y 52 académicos e investigadores, Cortez señaló que cuando empezó la gestión de Álvarez Icaza la comisión tenía alrededor de 250 trabajadores; hoy tiene más de 550. “Yo creo que hay que repensar esta situación, porque creo que en los años venideros habrá menos recursos públicos, por lo que habrá que dar a la comisión una mayor racionalidad al uso” de los mismos.
Señaló que uno de los retos del próximo ombudsman será mantener la autonomía de la CDHDF, y ubicó pendientes como la falta de atención a temas como salud, educación, derechos ambientales y trabajo.
En entrevista con La Jornada, el licenciado en derecho, filosofía y teología dijo que si bien durante la gestión de Emilio Álvarez Icaza hubo avances, sobre todo en comparación con otras entidades del país, en temas como los derechos económicos, sociales y culturales, no fue “igual de persistente” que en cuestiones como procuración de justicia y reclusorios.
Además, en algunos momentos se dio “prioridad a un derecho sobre otro”, como sucedió con la recomendación en torno al plantón realizado por Andrés Manuel López Obrador en Paseo de la Reforma en 2006, “donde se privilegió el derecho a la libertad de tránsito sobre los de expresión y de manifestación”.
Con más de una década en la lucha por los derechos humanos al frente de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la red Todos los Derechos para Todos, destacó que un presidente de la CDHDF con experiencia en la lucha de las garantías individuales desde la sociedad civil permitirá al organismo tener “una vocación efectiva de defensa de los derechos humanos”.
Édgar Cortez Morales, aspirante a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, durante la entrevista con La JornadaFoto Roberto García Ortiz
Al señalar que la sociedad civil debe coadyuvar y participar en el organismo, monitoreándolo, acompañando los procesos de cumplimiento de recomendaciones, incluso, es necesario que participe en el trabajo de seguimiento del programa de derechos humanos que se presentará el próximo 20 de agosto, pues de lo contrario se “corre el riesgo de que no envuelva a todos por completo”.
Apoyado por 43 organizaciones civiles y sociales, 38 defensores de los derechos humanos y 52 académicos e investigadores, Cortez señaló que cuando empezó la gestión de Álvarez Icaza la comisión tenía alrededor de 250 trabajadores; hoy tiene más de 550. “Yo creo que hay que repensar esta situación, porque creo que en los años venideros habrá menos recursos públicos, por lo que habrá que dar a la comisión una mayor racionalidad al uso” de los mismos.
Señaló que uno de los retos del próximo ombudsman será mantener la autonomía de la CDHDF, y ubicó pendientes como la falta de atención a temas como salud, educación, derechos ambientales y trabajo.
