Robo priísta de recursos, explicación de la pobreza en Oaxaca‏

Robo priísta de recursos, explicación de la pobreza en Oaxaca:
AMLO*

*Pedirá apoyo de la CNDH para evitar violencia contra líderes sociales*

*Ulises Ruiz amenaza para evitar que se conozca abandono de poblados.

Ciro Pérez Silva
Enviado

Santo Domingo Ozolotepec, Oax., 29 de agosto. Andrés Manuel López Obrador
anunció aquí que pedirá la intervención de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) para evitar que se siga hostigando a los maestros y
líderes sociales de esta entidad, además de que se acabe la violencia que la
víspera tuvo como consecuencia el asesinato del profesor Artemio Camacho
Sarabia y dejó heridas a dos de sus compañeras, entre ellas Leónides Celia
Mejía, luego de un enfrentamiento entre miembros de las secciones 22 y 59
del SNTE.

El tabasqueño lamentó que la violencia sea el signo que ha marcado el
gobierno de Ulises Ruiz cuando se trata de atender conflictos sociales,
particularmente cuando involucran al magisterio.

Por otra parte, afirmó que la pobreza en Oaxaca y el abandono de sus
comunidades sólo se explican por la robadera de los recursos públicos hecha
por los gobernadores del PRI que a lo largo de 80 años han mandado en esta
entidad.

Al continuar este sábado su gira de trabajo por las comunidades de la sierra
sur del estado, el ex candidato presidencial sostuvo que el temor de Ulises
Ruiz de que la gente conozca la situación de olvido en que están comunidades
tan aisladas que tardan meses en conocer las noticias del país, se refleja
en las amenazas con que trata de impedir este recorrido.

A los presidentes municipales los amenaza diciendo que si nos reciben les
van a quitar los programas federales o estatales, y ese gobernador ladrón y
corrupto ha llegado al colmo mandando decir, por medio de sus delegados de
gobierno, que si nos reciben en los municipios el IFE los va a multar; eso
no habla más que del temor que tienen de que la gente descubra la realidad
de Oaxaca.

El tabasqueño escuchó de los habitantes de esta región que ya no les alcanza
para cubrir sus necesidades básicas, menos para las obras de infraestructura
más indispensables, particularmente los caminos de acceso a las cabeceras
municipales, las cuales en su mayoría carecen de pavimento. Otro reclamo
reiterado es el de la construcción de centros de salud, ya que los que
tienen no les resuelven problemas elementales por la carencia de médicos y
medicinas, lo que los obliga a trasladar a sus enfermos hasta Miahuatlán,
uno de los puntos urbanos más cercanos, pero que les toma hasta seis u ocho
horas para llegar.

Asimismo –dijeron–, requieren servicios jurídicos que asesoren a los
habitantes de esta región, así como libros para las bibliotecas de los
alumnos, cuya educación no llega más allá de la preparatoria, e inclusive
viviendas. En este recorrido, López Obrador ha escuchado también las quejas
de egresados del bachillerato, para quienes no queda otra alternativa que el
trabajo en el campo.

Nuestro pueblo no merece sufrir tanto, no merece tanta pobreza. No se
justifica en un país como México, porque a pesar de que por años lo han
saqueado, todavía hay recursos naturales, como selvas, litorales, bosques;
hay recursos, pero lo que ha sucedido es que un grupo, ese que llevó al
poder a Felipe Calderón y que se siente dueño del país, se queda con todo.

Otra de las quejas de los oaxaqueños de esta región es que los políticos
sólo vienen a estas alejadas comunidades si acaso cuando necesitan su voto,
aunque después, como sucede en buena parte del país, no vuelven.

Esos políticos del PRI que los han gobernado por 80 años tienen un truco
bien ensayado, primero empobrecen al pueblo y en época de elecciones le dan
migajas, como materiales de construcción, despensas y hasta dinero en
efectivo, pero una vez que recogen los votos, a seguir robando; hay que
hacer conciencia de que eso que les dan es pan para hoy y hambre para
mañana; el pueblo ya no está para limosnas.

Oportunidad de cambio

Les recordó que el próximo julio habrá elecciones en Oaxaca para cambiar al
gobernador, y ustedes tienen una gran oportunidad para que puedan apoyar a
un gobernador honrado, no como Ulises Ruiz, que es mala entraña. Pueden
sacar a esos gobernadores que se han dedicado a robar al pueblo para hacerse
grandes con los recursos públicos, dijo.

Acompañado por los senadores Gabino Cué, de Convergencia, y Salomón Jara,
del PRD, el tabasqueño lamentó junto con los oaxaqueños de esta región que
el campo esté abandonado y no cuenten con programas productivos, que haya
caminos como el que conduce a la región de Ozolotepec, del que el gobierno
estatal asegura que está pavimentado, cuando en realidad sólo hay asfalto en
2 o 3 kilómetros.

Estoy seguro de que se roban los recursos. Hay que llamar las cosas por su
nombre: Ulises Ruiz no puede justificar muchos bienes, como ese hospital
privado que tiene en la ciudad de México, que cuesta mil 500 millones de
pesos. ¿Puede explicar de dónde sacó ese dinero? Lo sacó de la corrupción,
por mentir sobre caminos como el de Ozolotepec.

Destacó que con un gobierno honesto se pueden lograr avances importantes
para la sociedad oaxaqueña, e insistió en que no se puede justificar que en
el DF haya becas para todos los estudiantes de preparatoria, para madres
solteras y para discapacitados, que se entreguen útiles escolares,
uniformes,y hasta zapatos para los alumnos de primaria, y aquí no. La
repuesta es que todo se roban y a ustedes no les llega nada.

- *La Auditoría Superior de la
Federación<http://www.jornada. unam.mx/2009/ 08/30/index. php?section= politica& article=008a1pol>
*

Arnaldo Córdova

Tradicionalmente, en el derecho público la palabra auditar y derivados como
audiencia y auditor tienen una larga historia. En España, desde hace siglos,
tienen que ver con la impartición de justicia. Se trata de la actividad de
los tribunales que escuchan quejas y resuelven conforme a derecho. Provienen
del latín *audire* (audit), escuchar. En el derecho económico anglosajón y
sus ramas significa el examen de la actividad contable de un ente público o
privado y en señalamientos que indican si se cumplió con las reglas de
operación o con la ley. En esta segunda acepción nosotros las hemos
adoptado.

La cuenta pública es el registro que se hace de los gastos que efectúan las
entidades públicas, federales o locales, de acuerdo con y siguiendo los
lineamientos de los presupuestos de egresos que se aprueban en los poderes
legislativos federal y locales. La auditoría, en estos casos, es un control
que se lleva a cabo por un ente autorizado para ello por la Constitución y
cuya misión, hasta ahora, es sólo la de comprobar si dichos lineamientos se
han seguido o no. Si no se han seguido y, encima, se ha hecho mal uso de los
dineros públicos, tal y como están las cosas hoy, no pasa nada porque las
observaciones de ese ente no son coercitivas.

Ese ente se llama en la letra de la Constitución (artículos 74, fracciones
II y VI, y 79), desde hace 10 años: Entidad de Fiscalización Superior de la
Federación y en la ley reglamentaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación se denomina simplemente Auditoría Superior de la
Federación. En el artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, en las 19 fracciones que lo integran, se da el
sentido de varios conceptos y, en la primera de esas fracciones, se define a
la Auditoría Superior de la Federación como la entidad de fiscalización
superior de la Federación a que hacen referencia los artículos 74,
fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. No es mucho, pero es lo que dice.

El hecho es que ese órgano no tiene otra misión que la de dar a conocer el
examen que realiza sobre la cuenta pública de todos los órganos integrantes
de la administració n pública federal, local y municipal. De su examen no se
deriva ninguna responsabilidad para los órganos infractores de las normas
del gasto público y sus señalamientos no obligan a nadie, no son
vinculantes, como se dice en la jerga legal. El gobierno de Zedillo
consideró que ya era hora de que, según los reclamos de la ciudadanía,
existiera un ente que se encargara de informar del modo en el que desde el
gobierno se hace uso de los dineros del pueblo. Pero se guardó muy bien de
que ese examen diera lugar a sanciones o correcciones de ningún tipo.

Estábamos en las postrimerías del régimen priísta, por lo que nunca pudimos
saber nada de lo que sus funcionarios hicieron en el pasado. Luego supimos,
por lo menos, lo que los nuevos gobernantes panistas estuvieron haciendo. A
cada informe de la ASF nos escandalizábamos más y más por las tropelías que
acumulaban y, junto con ellos, los remanentes priístas y algunos otros en
los estados de la República. Durante estos 10 años se ha señalado de todas
partes el hecho de que ya no nos basta con conocer las irregularidades en el
ejercicio del gasto.

La ASF es un anómalo órgano dependiente de una de las comisiones de la
Cámara de Diputados, la de Vigilancia, y carece de autonomía administrativa.
Hace unos días se llevó a cabo un seminario en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el cual surgió muy claro el clamor
de que un órgano que adquiría rango constitucional (ahora se le dedica todo
un artículo de la Carta Magna, el 79, antes dedicado todo a la Comisión
Permanente del Congreso, y dos fracciones del 74) no tenga en los hechos esa
alcurnia, sino que sea una simple oficina de revisión de cuentas sin efectos
legales de ninguna especie.

Aparte de que ahora podemos saber cómo se gasta el dinero público, eso que
en la política actual se ha planteado como una característica definitoria de
un gobierno democrático y que es la rendición de cuentas de todas las
instituciones estatales, ahora es un concepto constitucional, pero,
paradójicamente, sin efecto alguno institucional. Podemos saber que los
funcionarios públicos y los políticos se roban el dinero del pueblo, pero no
tenemos a la mano ningún medio que llame a responsabilidades y sean
castigados los ladrones. El auditor superior de la Federación, Arturo
González de Aragón, ha hecho un magnífico trabajo y, también, denuncias
puntuales del mal gasto que nos horrorizan, pero no podemos hacer nada.

César Nava, ese pequeño merolico y fajador como su antecesor en la
presidencia del PAN, igual que su pequeño jefe, se lanzó contra él alegando
que no garantizaba honorabilidad ni confianza. El auditor lo desenmascaró y
lo puso en su lugar. Sólo respira por la herida, pues, en su turno, le hizo
notar sus tropelías cuando fue funcionario de la Secretaría de Energía, con
Calderón, y sabemos más de lo que hizo en otros órganos públicos en los que
ha calentado la silla. Los panistas en el gobierno no quieren que González
de Aragón repita en su importante cargo y harán todo lo posible para que eso
no suceda.

Aquí el punto, sin embargo, no es el destino de González de Aragón, sino el
de la misma Auditoría Superior de la Federación. Esta debe ser un órgano
autónomo en toda la extensión de la palabra. Debe ser nombrada por la Cámara
de Diputados, que es el órgano encargado de controlar la política económica
del gobierno, pero debe ser autónoma. Debe contar con un estatuto propio,
con los medios suficientes (presupuesto) para desarrollar sus funciones.
Debe tener la máxima autoridad para obtener información de todos los órganos
del Estado a todos los niveles, aun sobre las alcahueterías del IFAI
(Instituto Federal de Acceso a la Información). Y, ante todo, sus
observaciones deben ser vinculatorias, vale decir, que deben dar lugar a
sanciones.

El auditor superior de la Federación nos está informando continuamente de
copiosas irregularidades sobre las que, al parecer, no es posible poner
remedio. Los últimos dos botones de muestra: uno, en el último año de
gobierno de Fox y el primero de Calderón desaparecieron 37 mil millones de
pesos provenientes de préstamos del extranjero y otros recursos disponibles;
otro, en el ejercicio fiscal de 2007 se desviaron como dádivas a los
sindicatos, mediante un fideicomiso que está en vías de desaparecer, 30 mil

879 millones de pesos. Y no pasa nada.