Retirar facultades a la SCJN hará que políticos se despreocupen
Sábado 24 de abril de 2010, p. 17
Villahermosa, Tab., 23 de abril. Genaro David Góngora Pimentel, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), objetó que el Senado pretenda transferir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la capacidad investigadora del máximo tribunal en casos de violaciones graves a las garantías individuales.
Consideró que la Suprema Corte encara una batalla perdida
por el retiro de tal facultad y su traspaso a la CNDH, pese a que era más difícil presionar a 11 personas que a una sola
, y que tal cambio hará que los políticos ya no se preocupen por las violaciones de los derechos humanos.
Recordó las deliberaciones de la SCJN en relación con la denuncia interpuesta por la periodista Lydia Cacho contra el gobernador de Puebla, Mario Marín, y la investigación de la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, que fueron debatidas ante los medios de comunicación.
De visita en Villahermosa para dictar la conferencia La reforma al artículo 97 constitucional en materia de protección a las garantías individuales, en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Góngora dijo a quienes consideran que la facultad investigadora acarreó ataques a la Corte, que lo mismo pasa cuando no se difunden los motivos de sus fallos.
Respecto del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en el que la SCJN rehusó aplicar su facultad investigadora, hizo notar que la solicitud se impregnaba de visos futuristas
pues el hecho tuvo lugar en el sexenio de Carlos Salinas, y al ventilarlo ahora se quería dañar la imagen del próximo candidato presidencial del partido en que milita el ex mandatario.
Arrepentimiento
Si bien el máximo tribunal rechazó investigar este crimen, los promoventes pueden recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, subrayó.
También se dijo arrepentido
de apoyar en su momento la jurisprudencia que permite al Ejército intervenir en el combate a la delincuencia organizada. Sobre la permanencia de las fuerzas armadas en las calles durante los próximos 10 años, esbozada el 7 de abril pasado por el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, opinó que con tal medida se comprometerán éste y el próximo gobiernos.
