México DF, agosto 28 de 2010.
“La asignación discrecional, arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial es uno de los principales obstáculos para el pleno goce de la libertad de expresión en el país”, señalaron la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero Marino, y Frank La Rue, relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, en su informe preliminar de su visita realizada a México.
En el texto advierten que la asignación de la publicidad es utilizada para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
Coincidieron en que el marco jurídico existente no impide esta práctica y hace urgente la aprobación de reglas claras, objetivas, transparentes y no discriminatorias para la contratación de la publicidad.
Las relatorías señalaron que este vacío jurídico afecta a los tres niveles de gobierno, particularmente a los estados, “donde la asignación de la publicidad oficial frecuentemente resulta aún más arbitraria y menos transparente”.
El informe hace especial referencia al caso de Veracruz, donde el gobierno de esa entidad considera información reservada su gasto en comunicación social y publicidad gubernamental.
Al respecto, las organizaciones civiles Article 19 y Fundar han impugnado la clasificación de la información como reservada y están en espera de la resolución del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Veracruz no es el único caso. El estado de Chiapas también ha reservado su información sobre gasto en publicidad oficial.
Ambas agrupaciones han constatado que la arbitrariedad con la que se distribuye la pauta gubernamental en los tres niveles de gobierno vicia de manera estructural la relación entre medios de comunicación y gobierno. Esta práctica afecta la cantidad y calidad de información recibida por la sociedad.
De acuerdo con Article 19 y Fundar, la relación entre medios y gobierno no puede llevarse sobre la base de un marco normativo casi inexistente, ya que el mal uso de la publicidad oficial aleja tanto al gobierno como a los medios de comunicación del papel que deben de tener en un sistema democrático.
