Redacción NotieSe
Durante 2009 la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla, inició 30 averiguaciones previas en contra de mujeres que interrumpieron su embarazo. Del total, nueve fueron consignadas ante juzgados de Defensa Social de la entidad, denunciaron miembros de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser).
Maribel Esperón Pintos, integrante de Ddeser, denunció que después de que el Congreso local aprobó la reforma constitucional para proteger “la vida desde la concepción hasta la muerte” –12 de marzo de 2009–, inició una persecución policiaca contra las mujeres que deciden realizarse un legrado.
Incluso, abundó, a raíz de estas modificaciones que impiden la despenalización del aborto, las autoridades no han considerado el Código de Defensa Social del estado, el cual estipula que es legal un legrado cuando se realiza bajo los siguientes términos: cuando es resultado de una violación; si la vida de la madre está en riesgo; si la mujer sufre un accidente por falta de cuidados, o bien si el producto presenta malformaciones graves.
Para respaldar su acusación, refirió que representantes de Ddeser, a través de una solicitud de Acceso a la Información, solicitaron a la PGJ citar las causas por las cuales consignó a las mujeres; sin embargo, la dependencia respondió que esta información no existe en su base de datos.
Las autoridades judiciales sólo informaron a las integrantes de Ddeser sobre el número de averiguaciones y consignaciones que ha ejecutado en contra de mujeres que se han practicado un legrado.
Por tanto, la activista afirmó que la PGJ consignó a nueve mujeres: tres originarias del municipio de Puebla; dos de Tehuacán, una de Tepexi de Rodríguez y Teziutlán, respectivamente, y en dos casos se desconoce el lugar de residencia, sin tener pruebas contundentes de los motivos que tuvieron para interrumpir su embarazo.
“A las autoridades no les interesa atender el tema del aborto desde la perspectiva de un problema de salud pública, sino que lo buscan combatir con criterios morales”, aseveró la activista Vianeth Rojas Arenas.
El 26 de enero de 2010, durante su comparecencia ante el Congreso local, el procurador del estado, Rodolfo Igor Archundia, informó que las 30 averiguaciones que inició la dependencia que dirige contra mujeres que abortaron fueron casos que llegaron a los hospitales con hemorragias o complicaciones similares después de haberse practicado un legrado.
De las 30 averiguaciones previas que se iniciaron en 2009, ocho se ejecutaron en Tehuacán y siete en Puebla. En los municipios de Acatlán de Osorio, Huauchinango, Izúcar de Matamoros y Oriental fueron dos, mientras que en San Pedro Cholula, Tehuitzingo, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez y Teziutlán fue una.
Rojas Arenas reprochó que en Puebla las autoridades judiciales traten como delincuentes o secuestradoras a las mujeres que abortan, así como que el gobierno no respete la Norma Oficial Mexicana 046 “Violencia familiar, sexual contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, la cual obliga a las instituciones de salud a ofrecer la anticoncepción de emergencia y el aborto legal a las mujeres víctimas de violaciones sexuales.
Denunció que en las agencias del Ministerio Público las mujeres son víctimas de violencia verbal y maltratos por parte de las autoridades; por esa intimidación, agregó, si alguna de las mujeres fue víctima de una violación, mejor opta por quedarse callada y no denunciar la agresión que sufrió.
“No es posible que en el estado se esté denunciando a estas mujeres que llegan a los hospitales como si fueran narcos o secuestradores; en los Ministerios Públicos, en los hospitales y los doctores no pueden criminalizarlas, hay una persecución de género”, aseveró Esperón Pintos, al tiempo de opinar que en la actual reforma constitucional hay “vicios legales”, que provocan que se penalice a todas aquellas que deciden interrumpir su embarazo, incluso de quienes lo hacen bajo las causales en los cuales está permitida esta práctica.
Arenas Rojas puntualizó que no existe ningún interés por parte del Poder Legislativo de Puebla para realizar un reglamento en el cual se especifique cuál será la dependencia que dará la autorización para que interrumpa el embarazo la mujer que presente una de las cuatro causales por las que sí se considera legal, y que obligue a los hospitales y médicos a realizar los legrados dejando a un lado los prejuicios y las visiones moralistas.
“Todo mundo cree que el aborto en Puebla está totalmente penalizado; no conocen las causales, y entonces ahora con este boom de las reformas antiaborto se está llevando esta misma consigna, en los Ministerios Públicos como se aprobó la ley ahora la consigna es proteger la vida, no les han explicado o no sé si no entienden cómo se llevan los procedimientos”, expresó.
*Nota elaborada por América Farías y publicada en La Jornada de Oriente el pasado viernes 5 de marzo
