viernes, 3 de diciembre de 2010

Ineficaces, leyes y gobiernos del país para combatir la explotación sexual

Al conmemorarse un año más de la Convención para la Supresión y Eliminación de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, suscrita el 2 de diciembre de 1949 y ratificada por México dos años después, no hay en el país una ley que sea eficaz para combatir ese problema ni un gobierno o entidad con un programa consistente de salida para las mujeres en situación de prostitución o de cualquier otra forma de explotación sexual.

La directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziaurriz, afirmó lo anterior y dijo que sólo en la ciudad de México, nosotros tenemos un levantamiento y una proyección de que son más de 500 mil personas en explotación sexual comercial. De éstas, 90 por ciento son mujeres y niñas.

Ulloa Ziaurriz agregó que 80 por ciento de ellas no nacieron en el Distrito Federal y por lo tanto son víctimas de trata; 75 por ciento se iniciaron o las iniciaron en la prostitución cuando tenían 12 años y lo que más anhelan es dejar esa actividad marginal de sobrevivencia, mientras 99 por ciento son explotadas por proxenetas o alguno de los actores de la industria del sexo.

En un foro organizado por la Asamblea Legislativa y la Fundación Heberto Castillo, Ulloa aseguró que el debate sobre si la prostitución debe ser entendida como trabajo lo único que ha propiciado es facilitar que expanda sus negocios la industria del sexo, actividad que es protegida u operada por los grupos dedicados al tráfico de drogas.

Además, “las organizaciones criminales han descubierto que es un negocio que no está tan perseguido y que les deja mucho más ganancia que el mismo narcotráfico, porque a una niña o a una mujer la pueden vender 60 veces al día por los mismos 40 o 60 dólares en que venden una dosis de coca”.

Ulloa reiteró la postura de la CATWLAC de que se castigue al cliente al plantear a su vez el Protocolo de Palermo, al cual también pertenece México, que los estados deben tomar las medidas legislativas o de otra índole para desalentar la demanda, “y quién es la demanda: el que compra.

Para nosotros la prostitución es una práctica intrínsecamente degradante, incompatible con los valores de una sociedad democrática. Las mujeres no son artículos de consumo, ni las niñas ni los niños, porque eso supone un retroceso en el camino a la igualdad entre mujeres y hombres, y por eso decimos que sus vidas y sus cuerpos no son mercancías, ni sus bocas, vaginas y anos son instrumentos de trabajo