Miércoles 5 de enero de 2011, p. 31
Blanca Mesina Nevárez, defensora de derechos humanos que pasó más de ocho meses en la ciudad de México por constantes amenazas en su contra, luego de que asumió la defensa de 25 policías municipales arraigados y torturados en noviembre de 2009, regresó ayer a su casa en la ciudad de Tijuana, Baja California.
En entrevista telefónica realizada horas antes de partir del Distrito Federal, la activista dijo confiar en las medidas cautelares que le ofrecerán los gobiernos federal y estatal, como ordenó hace más de medio año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La seguridad es una de las razones para retornar a Tijuana a reunirme con mi familia y disfrutar de la libertad de mi padre, porque desde que salió no he podido verlo. Espero encontrar las cosas tranquilas, y que no vaya a suceder alguna otra situación lamentable, como la que ya pasamos
, señaló.
Pese a las medidas dictadas en su favor, Mesina afirmó que de todas maneras deberá tomar precauciones, ya que el gobierno de Baja California –uno de los responsables de su protección– ha mantenido en sus cargos a Gustavo Huerta y Julián Leyzaola como secretario y subsecretario de Seguridad Pública estatal, respectivamente.
Como se ha publicado en estas páginas, ambos personajes fueron señalados como responsables de tortura contra decenas de policías y civiles en Tijuana, la mayoría de los cuales fueron arraigados en el cuartel militar de Aguaje de la Tuna. Fue, precisamente, ese caso lo que generó el clima de hostigamiento contra Mesina y la abogada Silvia Vázquez, quien colaboró con la activista en ese asunto.
No sabemos cómo van a estar estas personas, por eso se están tomando precauciones. Queda claro que en vez de seguir las investigaciones sólo le están dando más vueltas. Con mi retorno queremos meter un poquito de presión para que se avance, porque además del caso de los 25 policías que estuve representando hay muchos más
, aseveró.
De acuerdo con la activista, el gobierno mexicano ya aceptó todas las medidas cautelares solicitadas por la CIDH, entre ellas la asignación de una escolta profesional, el uso de vehículos y teléfonos celulares; lo único pendiente es la instalación de cámaras de circuito cerrado en el domicilio de ambas mujeres.
Silvia Vázquez, anunció Mesina, permanecerá un tiempo más lejos de Tijuana mientras estudia la correcta aplicación de las medidas cautelares y sigue trabajando en diversos temas pendientes.
Diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales anunciaron que seguirán de cerca la protección de Mesina y Vázquez, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional
