La visitaduría de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició una investigación interna en contra de Margarita Vázquez Sánchez, fiscal central de investigaciones para asuntos especiales de esa dependencia, y en contra de varios agentes del Ministerio Público que forman parte del equipo de la fiscal, ante la posibilidad de que estén incurriendo en delitos contra la administración de la justicia, ya que presuntamente estarían protegiendo a un notario público, revelaron fuentes ministeriales cercanas al caso.
También se investiga a la agente del Ministerio Público Margarita Maguel Midia, quien labora en la agencia investigadora D de la unidad de investigación 4 de la PGJDF.
En los 22 meses recientes, la PGJDF ha iniciado 24 averiguaciones previas contra fiscales y agentes ministeriales acusados de presuntos actos de corrupción, que van desde extorsión y cohecho hasta tráfico de influencias.
Las indagatorias contra Vázquez y Maguel se iniciaron en respuesta a una queja que presentó un empresario mexicano ante la visitaduría de la PGJDF.
El quejoso denunció a principios de este año al notario público 123, Gabriel Benjamín Díaz Soto, por el delito de fraude y falsedad de declaraciones, según consta en la averiguación previa FAE/A/T1/00207/11/07, pero hasta el momento la fiscal Vázquez se ha negado a consignar penalmente al inculpado.
Cada una de las procuradurías estatales, además de la Procuraduría General de la República (PGR), cuenta con una visitaduría especial.
Cualquier indagatoria contra personal ministerial sólo puede iniciarse cuando se presenta alguna queja contra servidores públicos de la procuraduría que hayan sido acusados de presuntos actos de corrupción o delitos contra la administración de la justicia.
En entrevista con La Jornada, el empresario Domenico Quadrini D’Orazio, ex dueño de la distribuidora CM Acero, dijo que presentó la queja contra la fiscal Margarita Vázquez porque mis abogados ya acreditaron, con pruebas documentales y periciales, que hay la probable responsabilidad del notario Díaz Soto en los delitos de fraude y falsedad de declaraciones
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Quadrini estuvo preso en el Reclusorio Sur del 22 de mayo de 2006 al 9 de junio de 2008 acusado de fraude ante el juzgado 66 de lo penal, pero luego de un largo juicio, en el que la penalista Bárbara Castro fue su defensora, recuperó su libertad.
La abogada Castro fue acusada por Quadrini ante la PGJDF, junto con el notario público 123, Gabriel Benjamín Díaz Soto, del delito de fraude, ya que en complicidad con los empresarios David Hanono e Isaac Cherem falsificaron la firma de Quadrini para obtener la escritura pública 41,451.
En ese acto jurídico constaba que el empresario había aceptado el 17 de enero y el 15 de febrero de 2008, en el interior del Reclusorio Sur, que tenía un adeudo con Hanono y Cherem por 4 millones 764 mil pesos.
En esa escritura pública la abogada Bárbara Castro firmó como testigo. Según consta en ese documento notarial, la escritura fue firmada por Quadrini en la cárcel.
Sin embargo, este último logró demostrar, mediante la lista de visitantes al reclusorio y otros documentos oficiales, que los días 17 de enero y 15 de febrero de 2008 no recibió visitas.
Aunque esas pruebas indiciarias, con las que un juez podría librar una orden de aprehensión, están en poder de la PGJDF desde hace por lo menos seis meses, la fiscal Margarita Vázquez Sánchez se ha negado a ejercitar acción penal contra el notario público 123 y contra sus coacusados.
El caso más reciente de fiscales que ha sido investigado por la Visitaduría es el de Isabel Sánchez Hernández, ex fiscal antilavado de dinero de la PGR, quien para uso personal usaba los vehículos y propiedades que aseguraba a delincuentes durante cateos
