Deudos claman por justicia, a un año de la tragedia en el casino Royale
Las pesquisas están
manoseadas; varios funcionarios implicados aún continúan en sus cargos, afirma
Familiares y amigos de las víctimas de la tragedia en el casino Royale se reunieron ayer a las afueras de lo que fue el centro de apuestas ubicado en Monterrey, Nuevo León, para remodelar las cruces que recuerdan a los fallecidos. Hoy se cumple un año de la muerte de 52 personasFoto Emilio Vázquez/ Agencia MexPress
David Carrizales
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 25 de agosto de 2012, p. 27
Sábado 25 de agosto de 2012, p. 27
Monterrey, NL, 24 de agosto. A un año de la matanza de 52 personas en el casino Royale, el juego contra las víctimas sigue: los funcionarios que por acción u omisión propiciaron o agravaron la tragedia continúan en sus puestos; desde el extranjero, Raúl Rocha Cantú, dueño del negocio, elude su responsabilidad civil y penal mientras deudos aún esperan justicia.
Samara Pérez Muñiz, representante de los deudos del Royale y madre de Brad Xavier Muraira, quien murió en el atentado, considera que las autoridades, sobre todo federales, tienen una gran deuda de justicia con las víctimas.
Cuando sucedió la tragedia llegó Margarita Zavala y prometió un fideicomiso para atender al menor Alejandro Martínez, que padece distrofia muscular y es hijo de Eduardo Martínez Cavazos, quien murió en el ataque. Pasaron los meses y no cumplió; el gobierno del estado se hace cargo de ese caso, además de dar becas a los huérfanos de otros fallecidos, hasta que concluyan la carrera universitaria.
Finiquito ridículo de $3 mil 500
Respecto de los trabajadores del centro de apuestas, no se les apoyó en nada;
mañosamente el licenciado Enrique Hernández Navarro, apoderado legal del casino, hizo firmar a los trabajadores un finiquito ridículo de 3 mil 250 pesos y una cláusula en la que se liberaba de toda responsabilidad a Raúl Rocha (el dueño), señaló Pérez Muñiz.
A un año de la tragedia “no sabemos absolutamente nada del señor Rocha: las autoridades están obligadas a obligarlo a dar la cara y hacerse cargo de su responsabilidad, penal y civil, con las respectivas indemnizaciones. Es ridículo que no tengamos ni idea qué pasó con ese señor, y quien lleva la investigación principalmente en esto es el gobierno federal.
“Esperamos que si el presidente Felipe Calderón no pudo o no quiso,
que Enrique Peña, cuando tome su cargo, este caso sea de los primeros a tratar, señaló.
Edmundo Jiménez, responsable de dar seguimiento jurídico al caso, y quien perdió a su esposa Rosa María Ramírez durante el incendio, comentó que se perdió efectividad y tiempo valioso por el manoseo de las investigaciones, que primero fueron llevadas por la autoridad estatal, luego por la PGR y a los 45 o 50 días las pasaron de nuevo a la competencia estatal.
En materia federal, recordó, sigue una averiguación contra funcionarios de Gobernación y de los dueños del casino, en razón de los permisos falsos o inventados que tenían para operar el centro de apuestas.
En el ámbito estatal no se ha llevado un juicio o procedimiento contra los funcionarios que actuaron mal, por ejemplo el magistrado de la primera sala de lo contencioso administrativo José Alfonso Solís Navarro, quien tres meses antes de la tragedia amparó a el Royale, para impedir que fuera inspeccionado o clausurado, al considerar que era sólo una
remodelación, lo que fue una ampliación de 2 mil 500 metros cuadrados. Simplemente
decidió separarse del cargo, según anunció el gobernador Rodrigo Medina dos días después del incendio.
Edmundo Jiménez dijo que tampoco han sido sancionados los regidores del cabildo 2006-2009 de Monterrey, así como el entonces alcalde, Adalberto Madero, por dar permiso a un restaurante para convertirse en casino, ni Jorge Camacho Rincón, director estatal de Protección Civil, que autorizó la operación del inmueble sin contar con puertas de emergencia suficientes.
Confianza en el nuevo gobierno
Dijo confiar que con el cambio de gobierno federal mejoren las cosas, “no importa que retomen el caso desde cero; los de la guardería ABC (en Sonora) tienen tres años luchando, ya consignaron al delegado del IMSS y a los de Hacienda que provocaron el incendio para desaparecer documentos comprometedores. Esto no se ha acabado.
A Raúl Rocha le tomaron su declaración en el consulado mexicano en Miami. Cómo es posible esto, si es el principal responsable, porque él corrompió a todas las autoridades y funcionarios con su dinero para que hicieran cosas indebidas; merece una sanción con todo el peso de la ley, si no es así, las cosas seguirán mal.
En Protección Civil del estado, Jorge Camacho Rincón sigue como director, lo ratificaron y no sólo con este siniestro, a los pocos meses (enero de 2012) ocurrió el incendio en el edificio Famsa, donde hubo cinco muertos, cinco lesionados y más de medio centenar de intoxicados; el inmueble no cumplía con las condiciones de seguridad, los sobrevivientes mencionaron que fueron rescatados con una pala mecánica que tenían por ahí trabajando de casualidad.
El hecho es que Protección Civil se ha integrado como un negocio, te cobran para que te den el visto bueno; pero un plan, un programa de medidas o de mantenimiento, de revisión a la seguridad de los edificios, nunca lo ha presentado Protección Civil, enfatizó Tamayo.
En el caso Royale no se ha promovido ni siquiera una responsabilidad civil por las muertes y los daños; hay mucha gente que necesita la indemnización, el primer paso es que el gobierno estatal acepte la responsabilidad administrativa con respecto a alguna de sus dependencias.
Cuando el particular no cumple o no puede, el Estado debe asociarse con la gente, comentó Tamayo. “Aquí hay videos del incendio y cuando se conozcan van a ser muy elocuentes pues se observa que la gente iba de un lado a otro, que no había un plan de evacuación correcto. Pero quién sabe cuándo los van a presentar, concluyó
