MANIFIESTO INTERNACIONAL

Compañeros y compañeras: Si logramos detener la construcción de la enorme Presa La Parota en México sería un antecedente importante del movimiento social, por la defensa del derecho de los pueblos, por la defensa del agua y los ríos, del territorio y del medio ambiente. Pese a la voluntad popular expresada en asamblea de campesinos, el gobierno pretende seguir con la construcción de un proyecto que ya ha costado vidas y represión. Por favor, expresen su adhesion a este manifiesto de sus redes y organizaciones en lo individual. Se está a un paso de ganar definitivamente....GraciasGustavo CastroOtros Mundos, ACguscastro@laneta.apc.orgMANIFIESTO INTERNACIONALExigimos el respeto a la voluntad de los pueblos y condenamos la imposición del Proyecto Hidroeléctrico La Parota.El gobierno de México y el gobierno del Estado de Guerrero pretenden desconocer la voluntad del núcleo agrario indígena de Cacahuatepec, quien el pasado 12 de agosto durante una asamblea legal regida por usos y costumbres atendiendo el derecho a la libre consulta de los pueblos-, manifestó su rechazó a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota dentro de su territorio. Los asistentes votaron contra el megaproyecto después de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) expuso los “beneficios” que traería, y cuatro especialistas independientes informaron acerca de los perjuicios de la obra.Es importante destacar que el antecedente de la mencionada asamblea del 12 de agosto del 2007, ha sido una estrategia de imposición a toda costa del proyecto hidroeléctrico La Parota instaurada desde la CFE y el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo. Esta estrategia de imposición se ha caracterizado por la invasión de territorios comunales sin autorización de los dueños de la tierra, la criminalización de los campesinos opositores, el uso de las fuerzas públicas como método represivo, la realización de obras públicas y el reparto de sumas económicas de dinero para manipular el convencimiento de la gente y la simulación de asambleas agrarias a través de las cuales el gobierno ha pretendido justificar la voluntad de los campesinos para despojarlos de sus tierras, mismas que al día de hoy ya fueron declaradas ilegales por el Tribunal Unitario Agrario de Acapulco, Guerrero. En este sentido la asamblea llevada a cabo el 12 de agosto, es destacable pues significó la participación activa de más de 3 mil campesinos y campesinas que escucharon la información vertida por el gobierno a través de la CFE, además de la opinión de expertos independientes de las materias ambiental, energética y económica, quienes reseñaron la debilidades y los efectos negativos de la presa hidroeléctrica La Parota. Esta circunstancia permitió a los comuneros, avecindados y posesionarios contar con la información requerida para formarse un juicio objetivo libre de influencias políticas o de cualquier otra índole, y fue justamente en este contexto en el que de forma libre, unánime y contundente manifestaron su rechazo al proyecto hidroeléctrico. Resultado de la voluntad de la mayoría, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP) y la autoridad comunal de Cacahuatepec (que es reconocida solamente por el gobierno), firmaron un “convenio conciliatorio” en el que establecen que el Comisariado de los Bienes Comunales no convocará a ninguna asamblea más relacionada con la expropiación de la tierras para poder construir la presa La Parota. Ahora, las autoridades estatales y la propia CFE, con el respaldo del gobierno federal, ante la evidente manifestación de los campesinos en contra del proyecto, esgrimen argucias como que “la asamblea era informativa no resolutoria” y que por lo tanto no es válida la negativa frente a la hidroeléctrica, ni el convenio firmado.Las organizaciones que aquí firmamos queremos recordarle a las autoridades que la consulta es un derecho fundamental de los campesinos e indígenas de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que en su contenido no sólo implica el que tengan la información suficiente para formarse una opinión, sino que también lleva implícito la garantía de que una vez obtenida la información real y veraz en torno al proyecto, cuentan con la potestad de emitir su opinión al respecto y fue justamente lo sucedido el 12 de agosto del 2007.Más aún: además del derecho a la consulta reconocido en el Artículo 2º Constitucional e incluso en el Numeral 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el derecho interno mexicano establece prerrogativas que protegen la propiedad social de los campesinos. De esta forma, el Artículo 23 de la Ley Agraria establece que el órgano supremo de toma de decisiones es la asamblea general, lo cual es fortalecido por el propio Artículo 95 de la misma Ley, que establece: “Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto a las mismas, se tramite expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación”. Es decir, en resumidas cuentas, la ley agraria vigente en México brinda de manera manifiesta a favor de los campesinos su derecho a la consulta, incluida la decisión sobre el destino de sus tierras, tal como sucedió el 12 de agosto, cuando la asamblea al ser informada hizo válido su derecho a la consulta tomando su decisión de rechazar la presa hidroeléctrica.Aunado a lo anterior, en septiembre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver cinco casos de expropiación de ingenios azucareros emitió una Jurisprudencia contundente en el sentido de que no se puede expropiar sin respetar el derecho de audiencia de los dueños de la tierra antes de la emisión de cualquier decreto expropiatorio, y que en materia agraria, es la asamblea general de comuneros la que tiene que dar su anuencia o su rechazo a la expropiación.Por ello es que hoy demandamos al Gobierno Federal, al Gobierno de Guerrero y a la Comisión Federal de Electricidad, el respeto a la decisión de los pueblos campesinos e indígenas que serían afectados por el proyecto hidroeléctrico La Parota, pues el 12 de agosto del presente año, haciendo uso de su derecho humano fundamental de ser tomados en cuenta en las decisiones públicas que los afectan directamente, y de las propias garantías que otorga el marco legal mexicano, en asamblea general manifestaron de forma abierta, expresa y contundente su rechazo al proyecto hidroeléctrico La Parota.Si el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa; el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo; y la Comisión Federal de Electricidad no acatan la decisión de los pueblos, estarán dando muestras evidentes de que su objetivo último es imponer a toda costa la presa hidroeléctrica La Parota, y con ello generan el riesgo real y fundado de que se orille a las comunidades a defender su patrimonio por la vía de los hechos.(Las organizaciones firmantes:)