Luchadores sociales viven en la zozobra, afirman
ONG se quejan de que con el PAN se ha retrocedido en derechos humanos
Matilde Pérez U.
En los años de gobierno del PAN, la lucha de los derechos humanos retrocedió hasta la década de los años 70, hay un estado de terror y zozobra entre los luchadores sociales y los ciudadanos que exigen respeto a las garantías constitucionales y ciudadanas, sostuvieron integrantes del Frente Nacional de Lucha Contra la Represión.
Édgar Cortés, director de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, asentó que el actual gobierno no ha establecido compromisos claros y verificables hacia los derechos humanos; “estamos en un momento de retroceso, ya que las iniciativas de modificaciones legales son lesivas, como la propuesta de reforma a la justicia penal, además de la desaparición de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
El gobierno, abundó, ha dado la espalda a los derechos humanos; se muestra despreocupado y desentendido, y a la vez asume rasgos autoritarios. Ante ello, la demanda de varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que pugnan por el reconocimiento constitucional del derecho al agua, vida digna y medio ambiente sano, entre otros, y de que se acepte la propuesta de reforma en materia de seguridad y justicia penal elaborada por las organizaciones, la cual ya fue presentada al Congreso de la Unión.
La injusticia y la impunidad imperan en Oaxaca, donde siguen las detenciones arbitrarias, los levantones (plagio sin intento de rescate), violaciones a las garantías constitucionales y las constantes amenazas a los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), dijo María del Carmen López Vázquez. “Con el terror y la criminalización, el gobierno trata de detener la lucha social, pero el pueblo seguirá luchando por sus derechos a vivienda digna, trabajo, salud, libre expresión y seguridad, entre otros.”
En el caso de Oaxaca, dijo, no se permitirá el carpetazo a la exigencia de juicio político al gobernador Ulises Ruiz; por eso la APPO ya solicitó a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que su investigación no concluya en los hechos ocurridos hasta el 31 de octubre del año pasado, sino que la amplíe hasta 2007, pues siguen produciéndose hechos graves de detenciones arbitrarias y de amenazas contra luchadores sociales que no pueden regresar al estado porque tienen órdenes de aprehensión o bien amenazas de muerte.
Esta “guerra sucia contra los luchadores sociales se intensificó con la llegada al gobierno del PAN, el cual ahora pretende que los hijos o familiares de los desaparecidos políticos aceptemos la reparación del daño con el pago de indemnizaciones, nos demos por bien servidos y olvidemos los crímenes de lesa humanidad, pero se equivoca”, abundó.
Es una actitud grosera que no se castigue a los responsables de la guerra sucia y se pretenda reparar el daño por la vía económica, apuntó Inti Martínez Gaytán, del Comité Eureka. “Al gobierno le aclaramos que esta lucha no es por dinero, que la demanda es de justicia y que se entregue con vida a los desaparecidos”, acotó.
El Frente Nacional de Lucha Contra la Represión exigió la aparición de Francisco Paredes Ruiz, ex integrante del Movimiento de Acción Revolucionaria, y quien después de participar en la conmemoración del asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, desapareció el pasado 26 de septiembre en Morelia, Michoacán.
Demandó la investigación del asesinato de Edmundo Nava Mota Álvarez, en Ecatepec, estado de México, quien había solicitado la intervención oficial por haber recibido amenazas de muerte, pero no se prestó atención a las denuncias y lejos de investigar el asesinato, han dicho que fue por “robo”.
La organización denunció que 55 familias de la colonia Lomas de Poleo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde hace semanas están cercadas por policías municipales, debido a que “una familia con alto poder adquisitivo” –no precisó el nombre– disputa la posesión de las 355 hectáreas que ocupa la colonia, pues un nuevo desarrollo industrial le ha dado una plusvalía al terreno que aparentemente la Secretaría de la Reforma Agraria cedió a esa familia.
