El miércoles 19 de diciembre de 2007 se presentaron en mi domicilio dos agentes federales; Gabriel Cruces y Vicente Sánchez. El primero se identificó plenamente como miembro de la Procuraduría General de la República, el otro solamente me dio su nombre. El agente que se identificó argumentó que me buscaba porque se encontraba investigando una denuncia, mostrándome brevemente un documento. En él aparecen mi nombre, edad, domicilio, señas particulares, etcétera, y según dice se me acusa de “delitos contra la salud” (venta de droga). Solicité se me informara quién era el denunciante, a lo que respondió que “al parecer” la denuncia había sido telefónica y que en estos casos se conserva el anonimato.
Es inaceptable que personas sin escrúpulos, en vez de dar la cara, se escuden en la “denuncia anónima” con el mero afán de desmoralizar y desmovilizar, perjudicando con absurdas calumnias el desarrollo de organizaciones como la nuestra, la Unión del Pueblo Trabajador-Poder Popular AC, que se caracteriza por su transparencia y propugnan por el derecho a la vivienda digna, el derecho a la salud, el derecho a recibir suministro razonable de agua potable, el derecho a la educación, el derecho a una verdadera justicia social, es decir, a una subsistencia con dignidad.
Esperemos que las autoridades que reciben “denuncias anónimas” no recurran a la facilidad de fabricar delincuentes. Estas “denuncias anónimas” pueden ser pretexto para violar la libertad personal si no se realiza antes de una investigación adecuada.
En las condiciones actuales de nuestro sistema de justicia no se puede confiar en la veracidad de una “denuncia anónima” si una vez iniciada la queja se viola la presunción de inocencia, pues en los hechos se pretende que la persona acusada sea la que demuestre que no cometió el delito que se le imputa.
Reitero que nuestra asociación siempre se ha caracterizado por conducirse con entera transparencia, por lo que ignoramos qué intereses –en particular– puedan verse afectados por nuestro proceder.
José Fausto González Arias, presidente de la Unión del Pueblo Trabajador-Poder Popular AC
Es inaceptable que personas sin escrúpulos, en vez de dar la cara, se escuden en la “denuncia anónima” con el mero afán de desmoralizar y desmovilizar, perjudicando con absurdas calumnias el desarrollo de organizaciones como la nuestra, la Unión del Pueblo Trabajador-Poder Popular AC, que se caracteriza por su transparencia y propugnan por el derecho a la vivienda digna, el derecho a la salud, el derecho a recibir suministro razonable de agua potable, el derecho a la educación, el derecho a una verdadera justicia social, es decir, a una subsistencia con dignidad.
Esperemos que las autoridades que reciben “denuncias anónimas” no recurran a la facilidad de fabricar delincuentes. Estas “denuncias anónimas” pueden ser pretexto para violar la libertad personal si no se realiza antes de una investigación adecuada.
En las condiciones actuales de nuestro sistema de justicia no se puede confiar en la veracidad de una “denuncia anónima” si una vez iniciada la queja se viola la presunción de inocencia, pues en los hechos se pretende que la persona acusada sea la que demuestre que no cometió el delito que se le imputa.
Reitero que nuestra asociación siempre se ha caracterizado por conducirse con entera transparencia, por lo que ignoramos qué intereses –en particular– puedan verse afectados por nuestro proceder.
José Fausto González Arias, presidente de la Unión del Pueblo Trabajador-Poder Popular AC
