Otro de los factores de fondo detrás de la huelga de hambre estudiantil en la UAM-Iztapalapa, y de las protestas en otras instituciones, es el hecho de que desde 2001 la SEP impulsa que grupos privados, externos a las universidades públicas, revisen los programas de estudio, entrevisten a alumnos y profesores, visiten las instalaciones y después de una somera verificación emitan recomendaciones para modificar los planes; estas recomendaciones deben ser acatadas, so pena de que no se “acrediten” dichos programas como de calidad.
En el mundo al revés que han traído los neoliberales y la derecha a la educación, las autoridades universitarias no sólo deben hacer como si no existiera la facultad exclusiva y constitucional de esas instituciones educativas para determinar sus planes de estudio y aceptar que la SEP comience a subrogar sus facultades exclusivas de evaluación en agencias privadas, sino que ahora hasta deben pagarles varios cientos de miles de pesos a cada uno de estos pequeños grupos para dictar cambios en la formación profesional, cambios que tienen que ver con ajustar todos los programas de cada profesión a un cartabón único de lo que es calidad; cambios para responder a la presión gubernamental de acabar con todo lo que huela a reflexión sobre las disciplinas, la ciencia y las humanidades como parte integral de la formación de los profesionales (“no queremos filósofos”, decía el Vasconcelos de la Secretaría del Trabajo), y cambios, finalmente, que respondan a las presiones desde Hacienda y el TLCAN para reducir y hacer más eficiente el gasto en la educación pública, y para abrir el mercado a instituciones particulares de carreras de meras “competencias”.
En nombre de la calidad, se busca acabar con los intentos por educación de calidad. Sin embargo, los estudiantes (y los académicos y administrativos) en sus propias universidades tienen muchísimas menos facultades que los acreditadores para incidir en el rumbo de la universidad.
Los esfuerzos institucionales que hacen por participar se enfrentan con la indiferencia y el burocratismo que blinda a las autoridades. No sólo en Iztapalapa. Apenas hace dos semanas en la UAM-Xochimilco la rectoría de Cuauhtémoc Pérez, faltando a su palabra empeñada y de manera descalificatoria, encabezó una rotunda negativa a la propuesta de un grupo de académicos de que en consejo se pudiera hablar sobre el nombramiento de autoridades. Los conflictos no nacen de manera espontánea, pero siempre –como hoy en la UAM-I–, se pueden resolver inmediatamente.
Hugo Aboites, UAM-X
En el mundo al revés que han traído los neoliberales y la derecha a la educación, las autoridades universitarias no sólo deben hacer como si no existiera la facultad exclusiva y constitucional de esas instituciones educativas para determinar sus planes de estudio y aceptar que la SEP comience a subrogar sus facultades exclusivas de evaluación en agencias privadas, sino que ahora hasta deben pagarles varios cientos de miles de pesos a cada uno de estos pequeños grupos para dictar cambios en la formación profesional, cambios que tienen que ver con ajustar todos los programas de cada profesión a un cartabón único de lo que es calidad; cambios para responder a la presión gubernamental de acabar con todo lo que huela a reflexión sobre las disciplinas, la ciencia y las humanidades como parte integral de la formación de los profesionales (“no queremos filósofos”, decía el Vasconcelos de la Secretaría del Trabajo), y cambios, finalmente, que respondan a las presiones desde Hacienda y el TLCAN para reducir y hacer más eficiente el gasto en la educación pública, y para abrir el mercado a instituciones particulares de carreras de meras “competencias”.
En nombre de la calidad, se busca acabar con los intentos por educación de calidad. Sin embargo, los estudiantes (y los académicos y administrativos) en sus propias universidades tienen muchísimas menos facultades que los acreditadores para incidir en el rumbo de la universidad.
Los esfuerzos institucionales que hacen por participar se enfrentan con la indiferencia y el burocratismo que blinda a las autoridades. No sólo en Iztapalapa. Apenas hace dos semanas en la UAM-Xochimilco la rectoría de Cuauhtémoc Pérez, faltando a su palabra empeñada y de manera descalificatoria, encabezó una rotunda negativa a la propuesta de un grupo de académicos de que en consejo se pudiera hablar sobre el nombramiento de autoridades. Los conflictos no nacen de manera espontánea, pero siempre –como hoy en la UAM-I–, se pueden resolver inmediatamente.
Hugo Aboites, UAM-X
