Tanto las autoridades federales como las del estado de Coahuila tienen la obligación de investigar el hostigamiento, amenazas y agresiones en contra de los miembros del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dirigido por don Raúl Vera, quien atribuye dichos ataques a su participación en la defensa de los derechos humanos y, además, inscribe los hechos dentro de la campaña nacional de descrédito y agresiones contra defensores de derechos humanos en el país.
Por esta razón, las autoridades competentes deben realizar una investigación seria y eficaz, así como identificar y castigar a los autores intelectuales y materiales, en concordancia tanto con su obligación de respetar, garantizar y hacer eficaz el derecho de acceso a la justicia de los miembros de ese centro como con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las defensoras y defensores de los derechos, tendientes a garantizar la realización de sus labores en condiciones seguras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que las autoridades en todos los niveles de competencia (federal o estatal y los poderes ejecutivo, legislativo o judicial) deben reconocer públicamente que el ejercicio de la protección y promoción de los derechos humanos es una acción legítima y que contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho, por lo que deben evitar ataques en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos a través de la adopción de una estrategia de prevención y protección efectiva.
De esta manera el gobierno federal y en este caso en especial del estado de Coahuila tienen la obligación, además, de respetar de manera irrestricta el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos y hacer un llamado público que evite por parte de cualquier autoridad o grupo o sector político o social toda agresión en su contra, en especial a los miembros del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan Larios.
Mediante la presente urgimos la inmediata investigación de los hechos y garantías para que dicho Centro continúe con la importante labor que lleva a cabo.
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C. Pilar Noriega García
Por esta razón, las autoridades competentes deben realizar una investigación seria y eficaz, así como identificar y castigar a los autores intelectuales y materiales, en concordancia tanto con su obligación de respetar, garantizar y hacer eficaz el derecho de acceso a la justicia de los miembros de ese centro como con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las defensoras y defensores de los derechos, tendientes a garantizar la realización de sus labores en condiciones seguras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que las autoridades en todos los niveles de competencia (federal o estatal y los poderes ejecutivo, legislativo o judicial) deben reconocer públicamente que el ejercicio de la protección y promoción de los derechos humanos es una acción legítima y que contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho, por lo que deben evitar ataques en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos a través de la adopción de una estrategia de prevención y protección efectiva.
De esta manera el gobierno federal y en este caso en especial del estado de Coahuila tienen la obligación, además, de respetar de manera irrestricta el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos y hacer un llamado público que evite por parte de cualquier autoridad o grupo o sector político o social toda agresión en su contra, en especial a los miembros del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan Larios.
Mediante la presente urgimos la inmediata investigación de los hechos y garantías para que dicho Centro continúe con la importante labor que lleva a cabo.
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C. Pilar Noriega García
