Luis Javier GarridoLas sentenciasEl país vive uno de los peores momentos de su historia por laspolíticas antinacionales y antipopulares del gobierno entreguista deFelipe Calderón.1. La sentencia de 45 años en contra de Ignacio del Valle, dirigentedel Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San SalvadorAtenco –detenido desde hace dos años en el penal de alta seguridad delAltiplano–, pronunciada por el juez penal primero de Texcoco, AlbertoCervantes, el 21 de agosto, que se suma a la sentencia previa de 67años y seis meses dictada por el mismo juez (lo que le acumula untotal de 112 años de prisión), así como la sentencia de 31 años y 10meses a otros 11 dirigentes del
FPDT, todas ellas por los hechos del 4y 5 de mayo de 2006 en Atenco, constituyen una aberración jurídica queavegüenza lo mismo al Poder Judicial federal que al pueblo de México.2. ¿A quién puede extrañarle tras esta decisión que los policíasculpables de innumerables delitos, incluyendo el de violación, durantesu actuación en los operativos de esos días, permanezcan impunes? ¿Oque algunos de los luchadores sociales detenidos, como el joven HéctorGalindo, permanezcan incomunicados en celdas de confinamiento, con lacomplicidad de los visitadores de la CNDH?3. El "modelo político" neoliberal le ha asignado al Poder Judicialelpapel de legitimar las decisiones políticas por muy aberrantes queéstas sean, y esto ha determinado que en el México de "laalternancia"no existan tribunales autónomos y que durante los años del panismooscuros ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación omagistrados y jueces "de consigna" estén ya convalidando decisionesdeun poder político que actúa como mandatario de intereses privados,incluso extranjeros, y el caso de Atenco resulta por ellosignificativo.4. Las sentencias en contra de los dirigentes del frente parecen serno sólo una advertencia a los luchadores sociales que se oponen en lospaíses sometidos por los mecanismos de "la globalización" –comoes elcaso de México– a los grandes intereses trasnacionales, sino quebuscan sentar al mismo tiempo un precedente metajurídico para elfuturo inmediato, de ahí su carácter monstruoso, pues rebasancualquier fallo judicial en contra de opositores políticos del periododel porfiriato o de los peores años del priísmo, como el sexeniodiazordacista.5. La aberración es absoluta asimismo si se considera la naturaleza delas acusaciones en contra de dirigentes
campesinos que no cometierondelito alguno y a quienes se les responsabiliza por secuestro yataques a las vías generales de comunicación. El instrumento utilizadodesde los años 40 hasta el diazordacismo fue el delito de disoluciónsocial establecido en el artículo 145 del Código Penal, que fuesuprimido como consecuencia de un debate abierto por el movimientoestudiantil y popular de 1968 (único punto, por cierto, del pliegopetitorio de entonces que aceptó Díaz Ordaz), pero ahora se recurre acualquier tipo de acusación, incluso de delitos del orden común,insostenible desde la lógica jurídica.6. La paradoja resulta en consecuencia muy clara: un gobiernoilegítimo, cuyos principales integrantes son verdaderos presuntosdelincuentes de Estado, empezando por Felipe Calderón, a quien se haseñalado en los últimos meses no sólo por peculado y tráfico deinfluencias como por innumerables
delitos electorales, que lepermitieron usurpar el cargo, y ahora nada menos que por habercometido el delito de traición a la patria al pretender entregar acompañías extranjeras la industria petrolera nacional –que es decarácter estratégico para el país–, y sobre cuyo jefe de gabinete, elciudadano español Juan Camilo Mouriño, se han presentado innumerablespruebas de presunta delincuencia organizada, se atreve a acusar deincontables delitos a algunos de los más dignos luchadores sociales deMéxico.7. Las sentencias no son únicamente "absurdas y abusivas", como lascalificó en agosto la Comisión Civil Internacional de Observación porlos Derechos Humanos, al evidenciar la desastrosa situación que hay enMéxico en la materia, agravada por el hecho de no existir un PoderJudicial autónomo. Muestran sobre todo la impunidad del poderpolítico, que quiere vengarse de luchadores sociales
que al defendersus tierras frenaron el proyecto trasnacional multimillonario deconstrucción de un aeropuerto internacional, y que pretende por esteacto despótico amedrentar al pueblo ciudadano.8. Estos fallos judiciales muestran la colusión PAN-PRI en las grandesdecisiones de Estado y su objetivo de imponerle al país un modeloeconómico –y político– transexenal, y por lo mismo soncorresponsabilidad, como lo fueron los operativos del 4 y 5 de mayo de2006, de Calderón y del gobernador priísta mexiquense Enrique PeñaNieto, y no van dirigidos por lo mismo nada más contra unaorganización social –el FPDT– o contra todo el movimiento socialorganizado, sino que constituyen una sentencia contra el pueblo deMéxico.9. Echarlas abajo y lograr la inmediata e incondicional libertad deIgnacio del Valle y de sus compañeros del frente es, por lo mismo, unaresponsabilidad de todos,
más allá de ideologías y de capillas, si nose quiere que las estructuras fascistoides del actual poder políticoasfixien en poco tiempo todos los espacios de libertad por los quepugna el pueblo de México.10. El mes patrio de 2008, marcado por la lucha de resistencia endefensa del petróleo, debe ser también de la defensa de los derechosindividuales de los mexicanos si no se quiere que el actual gobiernoavance en su pretensión de criminalizar a los movimientos sociales.
FPDT, todas ellas por los hechos del 4y 5 de mayo de 2006 en Atenco, constituyen una aberración jurídica queavegüenza lo mismo al Poder Judicial federal que al pueblo de México.2. ¿A quién puede extrañarle tras esta decisión que los policíasculpables de innumerables delitos, incluyendo el de violación, durantesu actuación en los operativos de esos días, permanezcan impunes? ¿Oque algunos de los luchadores sociales detenidos, como el joven HéctorGalindo, permanezcan incomunicados en celdas de confinamiento, con lacomplicidad de los visitadores de la CNDH?3. El "modelo político" neoliberal le ha asignado al Poder Judicialelpapel de legitimar las decisiones políticas por muy aberrantes queéstas sean, y esto ha determinado que en el México de "laalternancia"no existan tribunales autónomos y que durante los años del panismooscuros ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación omagistrados y jueces "de consigna" estén ya convalidando decisionesdeun poder político que actúa como mandatario de intereses privados,incluso extranjeros, y el caso de Atenco resulta por ellosignificativo.4. Las sentencias en contra de los dirigentes del frente parecen serno sólo una advertencia a los luchadores sociales que se oponen en lospaíses sometidos por los mecanismos de "la globalización" –comoes elcaso de México– a los grandes intereses trasnacionales, sino quebuscan sentar al mismo tiempo un precedente metajurídico para elfuturo inmediato, de ahí su carácter monstruoso, pues rebasancualquier fallo judicial en contra de opositores políticos del periododel porfiriato o de los peores años del priísmo, como el sexeniodiazordacista.5. La aberración es absoluta asimismo si se considera la naturaleza delas acusaciones en contra de dirigentes
campesinos que no cometierondelito alguno y a quienes se les responsabiliza por secuestro yataques a las vías generales de comunicación. El instrumento utilizadodesde los años 40 hasta el diazordacismo fue el delito de disoluciónsocial establecido en el artículo 145 del Código Penal, que fuesuprimido como consecuencia de un debate abierto por el movimientoestudiantil y popular de 1968 (único punto, por cierto, del pliegopetitorio de entonces que aceptó Díaz Ordaz), pero ahora se recurre acualquier tipo de acusación, incluso de delitos del orden común,insostenible desde la lógica jurídica.6. La paradoja resulta en consecuencia muy clara: un gobiernoilegítimo, cuyos principales integrantes son verdaderos presuntosdelincuentes de Estado, empezando por Felipe Calderón, a quien se haseñalado en los últimos meses no sólo por peculado y tráfico deinfluencias como por innumerables
delitos electorales, que lepermitieron usurpar el cargo, y ahora nada menos que por habercometido el delito de traición a la patria al pretender entregar acompañías extranjeras la industria petrolera nacional –que es decarácter estratégico para el país–, y sobre cuyo jefe de gabinete, elciudadano español Juan Camilo Mouriño, se han presentado innumerablespruebas de presunta delincuencia organizada, se atreve a acusar deincontables delitos a algunos de los más dignos luchadores sociales deMéxico.7. Las sentencias no son únicamente "absurdas y abusivas", como lascalificó en agosto la Comisión Civil Internacional de Observación porlos Derechos Humanos, al evidenciar la desastrosa situación que hay enMéxico en la materia, agravada por el hecho de no existir un PoderJudicial autónomo. Muestran sobre todo la impunidad del poderpolítico, que quiere vengarse de luchadores sociales
que al defendersus tierras frenaron el proyecto trasnacional multimillonario deconstrucción de un aeropuerto internacional, y que pretende por esteacto despótico amedrentar al pueblo ciudadano.8. Estos fallos judiciales muestran la colusión PAN-PRI en las grandesdecisiones de Estado y su objetivo de imponerle al país un modeloeconómico –y político– transexenal, y por lo mismo soncorresponsabilidad, como lo fueron los operativos del 4 y 5 de mayo de2006, de Calderón y del gobernador priísta mexiquense Enrique PeñaNieto, y no van dirigidos por lo mismo nada más contra unaorganización social –el FPDT– o contra todo el movimiento socialorganizado, sino que constituyen una sentencia contra el pueblo deMéxico.9. Echarlas abajo y lograr la inmediata e incondicional libertad deIgnacio del Valle y de sus compañeros del frente es, por lo mismo, unaresponsabilidad de todos,
más allá de ideologías y de capillas, si nose quiere que las estructuras fascistoides del actual poder políticoasfixien en poco tiempo todos los espacios de libertad por los quepugna el pueblo de México.10. El mes patrio de 2008, marcado por la lucha de resistencia endefensa del petróleo, debe ser también de la defensa de los derechosindividuales de los mexicanos si no se quiere que el actual gobiernoavance en su pretensión de criminalizar a los movimientos sociales.
