León, Gto., 12 de mayo. Con la reforma constitucional que garantiza el derecho a la vida desde la concepción, el gobierno de Guanajuato no tiene obligación legal de practicar aborto a mujeres violadas, pero tampoco las encarcelará si interrumpen un embarazo que resulte de la agresión, afirmó el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, Fernando Torres Graciano.
Aunque la norma oficial mexicana (NOM) 046 obliga a las autoridades estatales a realizar abortos en caso de violación, la Secretaría de Salud de Guanajuato no la acatará porque en la entidad ya se garantiza la vida desde la concepción, señaló el líder panista en conferencia de prensa.
Se le preguntó qué pasará con las mujeres que interpongan una denuncia penal por violación y aborten en su casa o en una clínica clandestina, y por complicaciones pidan atención en el sector salud.
Fernando Torres respondió: “Ése es el debate en que siempre nos quieren meter, y (la mujer afectada) se va a morir, y la metemos en problemas. Creo que no es por ahí. El estado podrá darle todos los servicios y ponerla ante tantas instituciones que hay que protegen la vida”. No precisó a qué organizaciones se refería.
El 17 de abril entró en vigor la norma sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que obliga al personal de salud a proporcionar métodos anticonceptivos de emergencia e interrumpir los embarazos de mujeres violadas que lo soliciten.
Pero el estado de Guanajuato es soberano, y “seguramente deberá darse un litigio (ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación) sobre la competencia y el ámbito de validez de una u otra disposición”, dijo.
El viernes pasado 23 diputados panistas locales, con respaldo de los priístas Rosario de la Vega y Anastacio Rosiles, así como de la petista Dulce María Badillo, aprobaron modificar el artículo primero de la Constitución para que el Estado garantice la vida desde la concepción y hasta la muerte natural.
Para las organizaciones civiles Centro Las Libres y Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, la reforma constitucional “pone en riesgo a las mujeres víctimas de violación, porque no tendrán acceso a servicios de aborto legal”.
La Constitución de Guanajuato se contrapone con el artículo 163 del Código Penal, el cual estipula que no es punible el aborto cuando un embarazo sea resultado de una violación.
“No existe contraposición” de leyes; “simplemente no se penalizará” a las mujeres que interrumpan el embarazo producto de abuso sexual, afirmó Torres Graciano.
Adelantó que el PAN abrirá sus puertas a Rosario de la Vega, Anastacio Rosiles y Dulce María Badillo si son expulsados de los partidos Revolucionario Institucional y del Trabajo (PT).
“El marido de Dulce María (Carlos Manuel Torres, ex presidente municipal de San Diego de la Unión, postulado por el Partido del Trabajo), fue militante de Acción Nacional”, acotó.
Aunque la norma oficial mexicana (NOM) 046 obliga a las autoridades estatales a realizar abortos en caso de violación, la Secretaría de Salud de Guanajuato no la acatará porque en la entidad ya se garantiza la vida desde la concepción, señaló el líder panista en conferencia de prensa.
Se le preguntó qué pasará con las mujeres que interpongan una denuncia penal por violación y aborten en su casa o en una clínica clandestina, y por complicaciones pidan atención en el sector salud.
Fernando Torres respondió: “Ése es el debate en que siempre nos quieren meter, y (la mujer afectada) se va a morir, y la metemos en problemas. Creo que no es por ahí. El estado podrá darle todos los servicios y ponerla ante tantas instituciones que hay que protegen la vida”. No precisó a qué organizaciones se refería.
El 17 de abril entró en vigor la norma sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que obliga al personal de salud a proporcionar métodos anticonceptivos de emergencia e interrumpir los embarazos de mujeres violadas que lo soliciten.
Pero el estado de Guanajuato es soberano, y “seguramente deberá darse un litigio (ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación) sobre la competencia y el ámbito de validez de una u otra disposición”, dijo.
El viernes pasado 23 diputados panistas locales, con respaldo de los priístas Rosario de la Vega y Anastacio Rosiles, así como de la petista Dulce María Badillo, aprobaron modificar el artículo primero de la Constitución para que el Estado garantice la vida desde la concepción y hasta la muerte natural.
Para las organizaciones civiles Centro Las Libres y Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, la reforma constitucional “pone en riesgo a las mujeres víctimas de violación, porque no tendrán acceso a servicios de aborto legal”.
La Constitución de Guanajuato se contrapone con el artículo 163 del Código Penal, el cual estipula que no es punible el aborto cuando un embarazo sea resultado de una violación.
“No existe contraposición” de leyes; “simplemente no se penalizará” a las mujeres que interrumpan el embarazo producto de abuso sexual, afirmó Torres Graciano.
Adelantó que el PAN abrirá sus puertas a Rosario de la Vega, Anastacio Rosiles y Dulce María Badillo si son expulsados de los partidos Revolucionario Institucional y del Trabajo (PT).
“El marido de Dulce María (Carlos Manuel Torres, ex presidente municipal de San Diego de la Unión, postulado por el Partido del Trabajo), fue militante de Acción Nacional”, acotó.
