Encabezada por Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, la iniciativa de Ley General de Víctimas de Secuestro obligaría a que en un plazo de 15 días se paguen los daños si elementos policiacos o servidores en activo son condenados por un juez.
Si policías o servidores públicos -federales, estatales o municipales- están involucrados en algún secuestro, estonces el gobierno tendrá que reparar los daños, así lo plantea una propuesta que presentarán al Congreso las organizaciones Alto al Secuestro y México SOS.
Encabezada por Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, la iniciativa de Ley General de Víctimas de Secuestro obligaría a que en un plazo de 15 días se paguen los daños si elementos policiacos o servidores en activo son condenados por un juez.
El documento, del que da cuenta el diario Reforma, agrega que el servidor público que hubiera recomendado o permitido la contratación del policía secuestrador estaría obligado a pagar 10% del daño fijado por el juez.
“Se contempla también que los plagiados recuperen íntegro el patrimonio pagado para su liberación, becas escolares a sus hijos mientras dure el cautiverio, que no pierdan su salario durante el secuestro y que el pago de rescate pueda ser considerado monto deducible de impuestos”, destaca la lectura del documento, hecha por el rotativo.
Asimismo, también se pretende que los delincuentes pierdan los bienes que han obtenido vía el secuestro.
Dicho retiro de recursos sería mediante aseguramiento o extinción de dominio.
Y es que según los datos de la Secretaría de Seguridad Pública alrededor de 270 elementos policiacos están presos por secuestro, cifra que representa el 3% de los 9 mil 17 internos por ese delito.
En este sentido, Alto al Secuestro y México SOS insistieron en resarcir a las víctimas con el aseguramiento de los bienes de los secuestradores.
“Estos bienes podrán estar a nombre de la persona procesada por los delitos de este título o de cualquier persona jurídica utilizada por éste para la comisión del delito o el ocultamiento de las actividades o respecto de los cuales se comporte como dueño”, indica el artículo 68 de la propuesta de Ley.
La Ley también contempla el que las víctimas puedan aportar pruebas contra los plagiarios durante el juicio y se resguarde su identidad si es menor de edad.
