De reconocer la obligación del Estado a asumir las sentencias se habrá producido "un avance importante en el reconocimiento y respeto al derecho internacional de los derechos humanos en México", señaló.
La Jornada En Línea
Publicado: 06/09/2010 13:45
México, DF. Amnistía Internacional (AI), sección México, estimó esencial que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconozca la obligación del Estado mexicano de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
El organismo recordó que desde el pasado 30 de agosto, los ministros de la Corte analizan un proyecto elaborador por José Ramón Cossío Díaz a favor de la obligatoriedad de las sentencias de la CoIDH -caso concreto el de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ocurrida en 1974, en el que se le imputaron violaciones a las garantías individuales por parte de militares. En ese sentido se pide que sea la jurisdicción ordinaria, y no la militar, la única competente para investigar, juzgar y sancionar el caso- es decir, que en ninguna circunstancia debe operar la jurisdicción militar cuando se discuta la violación de derechos humanos de un civil.
AI recordó que México ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1981 y reconoció como obligatoria la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos contenciosos, en 1998. De igual forma, México ratificó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Este último instrumento establece en su artículo 27 que un Estado parte “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
Por ello, precisó, si la SCJN se pronuncia a favor de ello, no sólo se habrán respetado las normas antes mencionadas, sino que -consideró- se habrá producido "un avance importante en el reconocimiento y respeto al derecho internacional de los derechos humanos en México".
Señaló que aún no pocos funcionarios públicos federales, estatales y municipales se muestran reacios a asumir de forma obligatoria los mandatos de la Coidh, lo que "ha venido siendo un freno al cumplimiento de éstos, convirtiendo en por lo menos precario el respeto del Estado mexicano a sus compromisos jurídicos internacionales".
Una resolución positiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, por consiguiente, "esencial para mostrar que la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos y el reconocimiento de la competencia contenciosa de la CoIDH por parte del Estado mexicano".
Ello deberá implicar, agregó, que los derechos y garantías que se contemplan en los tratados de derechos humanos ratificados por México se verifiquen también ante los tribunales domésticos, convirtiéndose en elementos medulares para la solución, entre otros, de casos sobre desaparición forzada.
Advirtió que de ser positiva la resolución de la SCJN se abrirá un camino "muy importante" desde ya en la esfera jurisdiccional de México. Sin embargo, reconoció que restará aún la acción del Ejecutivo y del Poder Legislativo para adecuar apropiadamente la legislación doméstica, atendiendo así a los otros elementos de la sentencia del caso Radilla.
