Está acusada de violación equiparada; habría encubierto el ultraje a un menor de edad
Martes 17 de mayo de 2011, p. 18
Con una declaración inédita sobre la obligación de la Suprema Corte de Justicia de proteger los datos personales de las víctimas, el pleno inició ayer la discusión del amparo relacionado con la violación de un menor en el Instituto San Felipe de la ciudad de Oaxaca. La ministra instructora Olga Sánchez Cordero sostuvo que en los casos de delitos sexuales en que están involucrados menores, debe prevalecer el interés superior del niño como criterio interpretativo
, y que en el caso concreto se demostró la responsabilidad y complicidad de la directora del plantel en la comisión del delito de violación equiparada.
En la sesión intervinieron los cinco integrantes de la primera sala; sólo Arturo Zaldívar apoyó la postura de Sánchez Cordero, quien propone negar el amparo a la quejosa; José Ramón Cossío, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo Rebolledo dijeron que no estaba comprobada la responsabilidad de la directora.
Este martes se espera que los otros seis ministros fijen su postura y, de acuerdo con fuentes consultadas, sólo se tiene la certeza de que el ministro presidente Juan N. Silva Meza apoyará el proyecto en contra de conceder el amparo.
Después de que La Jornada publicó que fuentes judiciales habían reconocido que debería ser tema de reflexión para el pleno que se transmitiera en vivo, por televisión e Internet, el debate de un asunto en el que está involucrado un menor víctima de violación, los ministros comentaron el tema antes de la sesión pública.
Al comenzar la discusión, el ministro presidente aclaró que el caso a revisar era de una especial naturaleza habida cuenta de su contenido y las personas que en ellos están involucrados
; comentó que el Canal Judicial ha transmitido todas las sesiones del pleno desde que entró en operaciones y se comprometió a que los datos personales de las personas involucradas serían protegidos.
Sin embargo, en la sesión hubo ministros que mencionaron por su nombre a los involucrados y, por ello, en la versión estenográfica de la sesión fueron borrados los nombres citados.
Para empezar, Sánchez Cordero argumentó en contra de la concesión del amparo a Yolanda León Ramírez por el delito de violación equiparada; sostuvo que la imputación está plenamente comprobada, así como su complicidad para ayudar a su esposo, Hugo Gabriel Constantino García, y al maestro de computación, Adán Salvador Pérez Ramírez –ambos prófugos–, a ultrajar al menor en noviembre de 2006.
Leyó partes de la declaración ministerial del niño que fue atacado cuando tenía cuatro años; hizo referencia a los peritajes que demostraron la veracidad de sus dichos y subrayó que a esa edad no había forma de inducir al pequeño a declarar algo que no le hubiera ocurrido.
José Ramón Cossío sostuvo que el proceso contra la maestra estuvo viciado y que el dictamen no demuestra su culpabilidad; además sostuvo que no debía prevalecer el interés superior del niño
y sobreponerlo al principio de presunción de inocencia, como pretende el proyecto
.
Cuando Cossío intervenía, Felipe Canseco Ruiz, abogado de la madre del menor, gritó desde su lugar que era una vergüenza que los ministros concedieran amparo a la maestra; posteriormente, cuando hablaba Ortiz Mayagoitia le gritó ¡mentiroso!
El presidente pidió orden en la sala, y no hubo consecuencias.
Arturo Zaldívar dijo que era un falso debate
asegurar que se pretendía imponer el interés superior del niño sobre la presunción de inocencia.
No hay ninguna prueba de descargo que desvirtúe las acusaciones, subrayó, y en respuesta al ministro Ortiz, quien validó lo dicho por las maestras en el sentido de que nunca se dieron cuenta de que la directora llevaba al menor al gimnasio para que lo violaran, Zaldívar aseveró: si el niño estuviera en un bar, en una cantina o en un cine
hubiera llamado la atención que la directora llevara al niño, ¿pero en un kínder con más de 200 alumnos?
