Di Costanzo afirma que la canasta básica ha aumentado ya 35% con Felipe Calderón
Alma E. Muñoz
La Convención Nacional Democrática (CND) anunció que, junto con la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), promoverá, a partir de la próxima semana, amparos contra el gasolinazo y los impuestos a depósitos en efectivo y empresarial a tasa única (IETU), por considerarlos violatorios de la Constitución.
Agustín Guerrero, asambleísta del Distrito Federal, informó en conferencia de prensa que esta decisión forma parte de un conjunto de acciones que, en un “marco de ofensiva civil pacífica”, llevarán a cabo. Esto incluye movilizaciones que “nos permitan llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación” para que ahí se desahoguen los casos y no en los tribunales administrativos, afirmó.
Ricardo Ruiz, presidente del PRD capitalino, indicó que interponer amparos constituye un instrumento de lucha contra las medidas asumidas por Felipe Calderón en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos.
A su vez, Mario di Costanzo, secretario de la hacienda pública del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, subrayó que las políticas del gobierno federal han provocado un aumento de 35 por ciento de la canasta básica, lo cual implica que un obrero “que gane el salario mínimo tenga que invertir casi 22 días de trabajo para adquirirla”.
Por su parte, Lauro Sol, presidente de la ANAD, planteó que las demandas de amparo que interpondrán a partir de la próxima semana se fundan en que el Estado no cumple con su obligación de ejercer la rectoría en el proceso y desarrollo económicos ni en garantizar con equidad la distribución de la riqueza.
Aclaró que con la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios –que permite el aumento al precio de gasolina y diesel– el gobierno calderonista contraviene el principio de equidad y proporcionalidad en los gravámenes que se cobran. Lo mismo ocurre, añadió, con el impuesto a depósitos en efectivo y en el caso del IETU, porque el “único efecto práctico es reducir el ingreso real de los trabajadores en 3 por ciento”.
Manifestó que aunque no tienen confianza en las autoridades judiciales, pretenden, con el respaldo de la sociedad, combatir con amparos los “atropellos” cometidos contra los mexicanos. Se mostró seguro de que miles de personas optarán por esa vía.
Di Costanzo aclaró que pronunciarse en contra del IETU no significa un apoyo para los grandes empresarios, porque éstos, afirmó, continuarán beneficiándose con “paraísos fiscales”, pero el gravamen sí afectará a las pequeñas empresas, cuyo costo fundamental es la mano de obra.
Finalmente, Irving Espinoza, de la ANAD, confió en que con los amparos se suspenda de manera provisional la aplicación de los impuestos citados hasta que no se resuelvan los juicios correspondientes.
Los formatos de amparo comenzarán a distribuirse la próxima semana en módulos que se instalarán en distintas zonas del país, además de que se podrán obtener vía Internet o en la secretaría de la hacienda pública, la ANAD y la CND.
Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD acordó ayer apoyar las acciones que en contra de la privatización del petróleo se realizarán próximamente y brindó, asimismo, su respaldo a la lucha de organizaciones campesinas por la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN.
Alma E. Muñoz
La Convención Nacional Democrática (CND) anunció que, junto con la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), promoverá, a partir de la próxima semana, amparos contra el gasolinazo y los impuestos a depósitos en efectivo y empresarial a tasa única (IETU), por considerarlos violatorios de la Constitución.
Agustín Guerrero, asambleísta del Distrito Federal, informó en conferencia de prensa que esta decisión forma parte de un conjunto de acciones que, en un “marco de ofensiva civil pacífica”, llevarán a cabo. Esto incluye movilizaciones que “nos permitan llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación” para que ahí se desahoguen los casos y no en los tribunales administrativos, afirmó.
Ricardo Ruiz, presidente del PRD capitalino, indicó que interponer amparos constituye un instrumento de lucha contra las medidas asumidas por Felipe Calderón en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos.
A su vez, Mario di Costanzo, secretario de la hacienda pública del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, subrayó que las políticas del gobierno federal han provocado un aumento de 35 por ciento de la canasta básica, lo cual implica que un obrero “que gane el salario mínimo tenga que invertir casi 22 días de trabajo para adquirirla”.
Por su parte, Lauro Sol, presidente de la ANAD, planteó que las demandas de amparo que interpondrán a partir de la próxima semana se fundan en que el Estado no cumple con su obligación de ejercer la rectoría en el proceso y desarrollo económicos ni en garantizar con equidad la distribución de la riqueza.
Aclaró que con la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios –que permite el aumento al precio de gasolina y diesel– el gobierno calderonista contraviene el principio de equidad y proporcionalidad en los gravámenes que se cobran. Lo mismo ocurre, añadió, con el impuesto a depósitos en efectivo y en el caso del IETU, porque el “único efecto práctico es reducir el ingreso real de los trabajadores en 3 por ciento”.
Manifestó que aunque no tienen confianza en las autoridades judiciales, pretenden, con el respaldo de la sociedad, combatir con amparos los “atropellos” cometidos contra los mexicanos. Se mostró seguro de que miles de personas optarán por esa vía.
Di Costanzo aclaró que pronunciarse en contra del IETU no significa un apoyo para los grandes empresarios, porque éstos, afirmó, continuarán beneficiándose con “paraísos fiscales”, pero el gravamen sí afectará a las pequeñas empresas, cuyo costo fundamental es la mano de obra.
Finalmente, Irving Espinoza, de la ANAD, confió en que con los amparos se suspenda de manera provisional la aplicación de los impuestos citados hasta que no se resuelvan los juicios correspondientes.
Los formatos de amparo comenzarán a distribuirse la próxima semana en módulos que se instalarán en distintas zonas del país, además de que se podrán obtener vía Internet o en la secretaría de la hacienda pública, la ANAD y la CND.
Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD acordó ayer apoyar las acciones que en contra de la privatización del petróleo se realizarán próximamente y brindó, asimismo, su respaldo a la lucha de organizaciones campesinas por la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN.
