Dos hombres más fueron obligados a declarar contra los acusados, reporta la ONG
Hermann Bellinghausen (Enviado)
San Cristóbal de las Casas, Chis., 9 de febrero. Al momento de su liberación, el viernes pasado, Eliseo Silvano Jiménez (padre) y Eliseo Silvano Espinosa, indígenas zapatistas que permanecieron una semana en el penal de Playas de Catazajá por acusaciones falsas, “aún presentaban huellas de la tortura que sufrieron de elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC)”, atestigua el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC).
Además de golpes, Eliseo padre tiene quemaduras en la espalda y un disparo en el pie. El CDHFBC reporta “delicado” su estado de salud: dificultad para respirar y digerir, tos frecuente, vómito, brazo derecho inmovilizado, estrés y diversas lesiones. Cuando estuvo en el hospital de Palenque no sólo fue desatendido; allí “continuaron las amenazas y tortura sicológica por parte de los agentes que lo custodiaban”.
El centro señala “múltiples irregularidades” en el proceso penal: se limitaron el acceso al expediente y la actuación para la defensa de derechos humanos durante careos e interrogatorios; se retrasaron y obstaculizaron los trámites. La tarde del viernes, ya libres, los afectados presentaron una denuncia por torturas ante el juez responsable, donde se nombran los policías responsables y se incluyen documentos médicos y una relación testimonial.
El centro de derechos humanos recuerda que “en distintos momentos y espacios se ha denunciado que Opddic, en esa zona, se caracteriza por amenazar, hostigar, fabricar delitos e impulsar agresiones. En lógica de control territorial, y particularmente por el botín ecoturístico, opera con impunidad y en complicidad con miembros de la PEC y la Policía Estatal Preventiva”.
Demandas
En su declaración preparatoria, los tzeltales zapatistas manifestaron que fueron torturados y obligados a firmar una declaración ministerial. Dos hombres más, detenidos en el lugar de los hechos horas antes (Sebastián Moreno Gómez y Emilio Aguilar Moreno), “también afirmaron haber sido torturados y forzados a firmar la declaración” donde inculpaban a Eliseo padre e hijo. El centro exige cese a la tortura y las garantías de un debido proceso para Moreno Gómez y Aguilar Moreno, quienes permanecen presos.
En especial, el documento del CDHFBC demanda “castigo a los miembros de la PEC y quienes resulten responsables de la fabricación de los delitos imputados a Silvano Jiménez y Silvano Espinosa; investigar la asociación y complicidad de la policía estatal con miembros de Opddic para amenazar, hostigar y agredir impunemente a pobladores de la región”.
Además exige a las autoridades “informar las causas de la reciente liberación de Pedro Chulín Jiménez, fundador y líder de Opddic, quien permanecía recluido en el penal del Amate, y cuya actuación puede repercutir en un incremento de las hostilidades hacia comunidades autónomas”.
Por su parte, la Comisión Civil de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) consideró que “los testimonios y careos no sustentan la participación de los acusados en el intento de asalto, ni la posesión de armas”, y recomendó “atender la grave denuncia sobre tortura, así como la anulación del proceso federal abierto”.
Para la comisión, que hoy concluyó su recorrido por la entidad, “fueron muchas” las irregularidades. El caso “resume de forma paradigmática los conflictos actuales en Chiapas: el conflicto sobre la tierra, la connivencia entre funcionarios y organizaciones paramilitares y la impunidad consiguiente”. Ante ello, cuestiona “los proyectos turísticos sin acuerdo con las comunidades afectadas, y las agresiones, amenazas, tortura y fabricación de delitos para impedir los procesos de autonomía de las propias comunidades indígenas”.
En su informe inicial del día 6, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise) era catagórico: “Betel Yochip’ (de donde son originarios los Eliseos) se encuentra entre Agua Azul y Misol-ha, una de las aréas turísticas más importantes y peligrosas. Grupos delincuenciales, paramilitares y elementos de la Policía Estatal de Caminos han convertido la región en un nido de ratas”. Y enlistaba asaltos, intimidaciones, tráfico de armas y estupefacientes, fabricación y encubrimiento de delitos, agresiones.
Hermann Bellinghausen (Enviado)
San Cristóbal de las Casas, Chis., 9 de febrero. Al momento de su liberación, el viernes pasado, Eliseo Silvano Jiménez (padre) y Eliseo Silvano Espinosa, indígenas zapatistas que permanecieron una semana en el penal de Playas de Catazajá por acusaciones falsas, “aún presentaban huellas de la tortura que sufrieron de elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC)”, atestigua el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC).
Además de golpes, Eliseo padre tiene quemaduras en la espalda y un disparo en el pie. El CDHFBC reporta “delicado” su estado de salud: dificultad para respirar y digerir, tos frecuente, vómito, brazo derecho inmovilizado, estrés y diversas lesiones. Cuando estuvo en el hospital de Palenque no sólo fue desatendido; allí “continuaron las amenazas y tortura sicológica por parte de los agentes que lo custodiaban”.
El centro señala “múltiples irregularidades” en el proceso penal: se limitaron el acceso al expediente y la actuación para la defensa de derechos humanos durante careos e interrogatorios; se retrasaron y obstaculizaron los trámites. La tarde del viernes, ya libres, los afectados presentaron una denuncia por torturas ante el juez responsable, donde se nombran los policías responsables y se incluyen documentos médicos y una relación testimonial.
El centro de derechos humanos recuerda que “en distintos momentos y espacios se ha denunciado que Opddic, en esa zona, se caracteriza por amenazar, hostigar, fabricar delitos e impulsar agresiones. En lógica de control territorial, y particularmente por el botín ecoturístico, opera con impunidad y en complicidad con miembros de la PEC y la Policía Estatal Preventiva”.
Demandas
En su declaración preparatoria, los tzeltales zapatistas manifestaron que fueron torturados y obligados a firmar una declaración ministerial. Dos hombres más, detenidos en el lugar de los hechos horas antes (Sebastián Moreno Gómez y Emilio Aguilar Moreno), “también afirmaron haber sido torturados y forzados a firmar la declaración” donde inculpaban a Eliseo padre e hijo. El centro exige cese a la tortura y las garantías de un debido proceso para Moreno Gómez y Aguilar Moreno, quienes permanecen presos.
En especial, el documento del CDHFBC demanda “castigo a los miembros de la PEC y quienes resulten responsables de la fabricación de los delitos imputados a Silvano Jiménez y Silvano Espinosa; investigar la asociación y complicidad de la policía estatal con miembros de Opddic para amenazar, hostigar y agredir impunemente a pobladores de la región”.
Además exige a las autoridades “informar las causas de la reciente liberación de Pedro Chulín Jiménez, fundador y líder de Opddic, quien permanecía recluido en el penal del Amate, y cuya actuación puede repercutir en un incremento de las hostilidades hacia comunidades autónomas”.
Por su parte, la Comisión Civil de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) consideró que “los testimonios y careos no sustentan la participación de los acusados en el intento de asalto, ni la posesión de armas”, y recomendó “atender la grave denuncia sobre tortura, así como la anulación del proceso federal abierto”.
Para la comisión, que hoy concluyó su recorrido por la entidad, “fueron muchas” las irregularidades. El caso “resume de forma paradigmática los conflictos actuales en Chiapas: el conflicto sobre la tierra, la connivencia entre funcionarios y organizaciones paramilitares y la impunidad consiguiente”. Ante ello, cuestiona “los proyectos turísticos sin acuerdo con las comunidades afectadas, y las agresiones, amenazas, tortura y fabricación de delitos para impedir los procesos de autonomía de las propias comunidades indígenas”.
En su informe inicial del día 6, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise) era catagórico: “Betel Yochip’ (de donde son originarios los Eliseos) se encuentra entre Agua Azul y Misol-ha, una de las aréas turísticas más importantes y peligrosas. Grupos delincuenciales, paramilitares y elementos de la Policía Estatal de Caminos han convertido la región en un nido de ratas”. Y enlistaba asaltos, intimidaciones, tráfico de armas y estupefacientes, fabricación y encubrimiento de delitos, agresiones.
