Cancún, QR. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ejercerá acción penal contra ejecutivos del hotel Grand Princess Riviera Maya por intentar impedir a ese sitio la entrada de autoridades y agredir a comunicadores tras la explosión que dejó siete muertos el domingo pasado.
El titular de la PGJE, Francisco Alor Quezada, advirtió que la procuraduría va a proceder conforme a derecho, pero de manera contundente debido a la actitud irracional del personal que bloqueó el ingreso de diversas autoridades.
Dijo que hubo detenidos, pero se ampliará el ejercicio de la acción penal, pues es reiterada la queja de todas las autoridades, de todos los órganos de gobierno y de los medios de comunicación, que cada vez que hay un fallecimiento, por la causa que sea, en alguno de los hoteles de la Riviera Maya, siempre hay un obstáculo.
Explicó que el interés al dejar pasar a los medios era dejar claro que la explosión no había sido por un artefacto explosivo, y en vez de recibir todo el apoyo de quienes tenían la obligación de hacerlo, recibieron una respuesta contraria demostrando la falta de un esquema de manejo de crisis.
Alor Quezada destacó que gracias a la intervención del Ejército fue posible que él, los ministerios públicos y cuerpos de rescate pudieran pasar para hacer la inspección ocular y atender a las víctimas, pues de nada servía presentar identificaciones.
“Esto no queda aquí, debe quedar un ejemplo y si bien deben cuidar las formas y el procedimiento no debe espantar a los turistas, no se puede impedir en ningún país del mundo que alguien se imponga a la autoridad sin ningún fundamento. “Lo que no hacen en su país lo quieren venir a hacer aquí”, se quejó el procurador en torno al origen extranjero de los consorcios que administran esos hoteles.
Enfatizó que el Ministerio Público (MP) tiene la instrucción de no dejar esto e investigar quiénes obstaculizaron la labor de rescate y de auxilio.
Alor Quezada informó que están a la espera de ejecutar esa acción suscitada el domingo y que afectó la integridad de reporteros y la labor de funcionarios, tales como ministerios públicos y a él mismo que debió alejarse de la zona para no ser agredido.
Alor Quezada adelantó que personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Ejército, Marina y Procuraduría General de la República (PGR), entre otras dependencias, apoyados por peritos, trabajarán en la zona del siniestro.
Esto, para determinar sus verdaderas causas, aunque de manera preliminar persiste la hipótesis de que se debió a gas metano producido por el taponamiento de una caverna con desecho de manglar en su interior.
El mismo domingo, la policía detuvo a tres empleados que encabezaron la agresión y lanzaron gas pimienta a reporteros que pretendían cubrir el suceso, pero, además, intentaron bloquear el ingreso a los funcionarios de diversas dependencias.
En tanto, familiares de Christopher Paul Charman, de 33 años de edad y John Paul Charman de nueve años, interpusieron una denuncia por los delitos de homicidio culposo, lesiones y los que resulten, que quedaron integrados en la averiguación previa 3238/2010.
Por su lado, la PGJE abrió un expediente por la explosión y por la agresión a comunicadores que se han quejado de ello ante distintas instancias, entre ellas la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En declaraciones a los medios, Alor Quezada dijo que la situación vivida en el referido hotel resultó desagradable y no sólo por el siniestro, sino por la conducta de su personal de seguridad.
Por otro lado, Francisco Alor Quezada insistió en que la información preliminar arroja que la explosión se debió a la descomposición de elementos orgánicos que generaron gases al formarse una especie de fosa séptica artificial debajo del sitio donde ocurrió la explosión.
Dijo que todas maneras, sí hay una responsabilidad del hotel y más si se acredita que no se construyó cumpliendo el protocolo y con base a la experiencia de la gente de la región que conoce del suelo de la Riviera Maya.
