Detecta la Ssa irregularidades en el manejo de recursos de Censida
Siguen sin comprobarse $2.8 millones, presuntamente entregados a organismos civiles e instituciones académicas
Halla el OIC compras emergentes de antirretrovirales, pese a haber en existencia
José Antonio Izazola fue director general de Censida de enero de 2009 a diciembre de 2012. Es precisamente durante su administración que el Órgano Interno de Control detectó las irregularidadesFoto Guillermo Sologuren
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 8 de diciembre de 2013, p. 33
Domingo 8 de diciembre de 2013, p. 33
Gastos sin comprobar, 3.8 millones de pesos utilizados sin autorización y deficiente seguimiento al uso de recursos asignados al Centro Nacional de Prevención y Control del VIH/sida (Censida), forman parte de las irregularidades encontradas por el Organo Interno de Control de la Secretaría de Salud (Ssa) en diversas auditorías realizadas a la administración del organismo entre los años 2010 y 2012.
El periodo corresponde a la gestión como director general de Censida de José Antonio Izazola Licea y, a pesar del tiempo transcurrido, hasta hace tres meses persistía la falta de comprobantes sobre el uso de 2.8 millones de pesos entregados para proyectos de organizaciones civiles e instituciones académicas en 2010.
En ese lapso, y principalmente en 2011, un problema constante en Censida fue el desabasto de medicamentos antirretrovirales (La Jornada 4/5/2011;www.jornada.unam.mx/2011/05/04/ sociedad/041n3soc), indispensables para que los pacientes con VIH/sida, afiliados al Seguro Popular, mantengan bajo control la enfermedad.
El OIC detectó que en ese año, el centro realizó compras emergentes mediante adjudicaciones directas sin justificación y recibió productos que tampoco cumplían con la ley, pues su fecha de caducidad era menor a 18 meses, contados a partir de la fecha de recepción. El Censida pagó a las empresas farmacéuticas 381 millones de pesos por estos fármacos.
En aquel momento Izazola afirmó que las compras emergentes se debieron a que el Seguro Popular se demoró en liberar los recursos para la adquisición de medicinas. El OIC, en cambio, acreditó que tal liberación ocurrió desde el 15 de marzo de 2011.
El OIC encontró que la dirección de Censida no verificó que en algunas entidades había existencias de medicamentos para dos y hasta 12 meses de consumo, por lo que las compras emergentes provocaron un sobre-inventario en nueve formulaciones, es decir, un gasto excesivo por más de 20 millones de pesos.
Respecto a los recursos para financiar los proyectos de organizaciones civiles, el OIC detectó la falta de rigor de los directivos de Censida para asegurar que los beneficiarios conocieran y tuvieran fácil acceso a los mecanismos de entrega de reportes y justificación de sus gastos, por lo que hasta diciembre de 2011 no habían comprobado la mayor parte de los 40.8 millones de pesos que en ese año distribuyó el centro a organizaciones civiles e instituciones académicas.
Los datos obtenidos por activistas mediante solicitudes al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), señalan también el uso discrecional del dinero para financiar proyectos de organizaciones de la sociedad civil. En 2011, Censida autorizó 495 mil pesos para 12 proyectos que tuvieron como objetivo el pago de viáticos de integrantes de las agrupaciones que asistieron a la Reunión de Alto Nivel sobre Sida de Naciones Unidas (UNGASS por sus siglas en inglés), en 2011.
De acuerdo con el OIC, no se mostró evidencia documental de la evaluación que se debió realizar para seleccionar a los beneficiarios, ni tampoco las comprobaciones de gastos respectivas.
Cada año, Censida ha dispuesto de entre 3 y 5 millones de pesos, adicionales a su presupuesto para la contratación de asesores especializados. Hasta el pasado mes de agosto, el organismo no había cumplido las observaciones del OIC, en particular la comprobación sobre el destino de 7.4 millones de pesos. Resalta lo relativo a 2010, año en el que el centro ejerció 3.8 millones de pesos sin contar con el acuerdo secretarial que lo autorizara.
En 2011, contrató 12 asesores a los que pagó más de 1.7 millones de pesos, para realizar funciones iguales o equivalentes a las del personal de base. Este fue un problema que también se detectó en 2010 y es violatorio de la ley de adquisiciones, señaló el OIC. Además, los 25 asesores contratados en el ejercicio 2011 presentaron informes de actividades que no corresponden con los objetivos para los cuales fueron autorizados sus contratos
