Leonardo Bastida Aguilar
México DF, agosto 27 de 2010.
Ante la negativa de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monterrey, Nuevo León, de afiliar a Criseida Santos como cónyuge de Ana de Alejandro, debido a que los matrimonios entre personas del mismo sexo no están incluidos en su reglamentación actual, ambas acudieron a los juzgados de Distrito de la entidad para interponer un amparo.
Santos señaló que este amparo permitirá dar seguimiento a la negativa emitida mediante un escrito por la oficina regional del IMSS encabezada por Jorge Luis Hinojosa y acceder a los beneficios de seguridad social que le correspondan por el hecho de haberse casado en marzo pasado con una trabajadora afiliada al organismo.
El pasado 12 de mayo, la pareja lésbica presentó por escrito ante la oficina regional del IMSS la solicitud para que Ana pudiera afiliar a Criseida como su cónyuge y beneficiaria.
Sin embargo, el 6 de agosto recibieron un oficio en el que se les indicaba que Criseida no podía ser afiliada debido a que su situación no está incluida en los estatutos de la institución.
Este no es el único caso en la entidad. Santos indicó que existen 15 parejas gays en Nuevo León que han contraído matrimonio en el DF y están en espera de la respuesta del IMSS local.
Otra pareja de lesbianas conformada por Adriana Carlos y Teresita de Jesús Calderón, en la que Adriana tiene 15 años de cotizaciones con el Seguro Social, tampoco ha podido acceder a los beneficios de esta ley, ni sus dos hijos por el hecho que Teresita es la madre biológica y no se reconoce legalmente a Adriana como su pareja por lo que ella no es reconocida como tutora de sus hijos.
Criseida Santos indicó que la interposición del amparo permite tomar acciones para proteger a los matrimonios entre personas del mismo sexo “ya que la mera discusión no garantiza el beneficio ni la reforma en sí de la ley que discrimina a estas uniones civiles”.
Sobre las declaraciones de Daniel Karam, director del IMSS, en las que asegura que el Instituto tomará medidas para brindar servicio a estas parejas, la también activista señaló que el funcionario solo pasó la estafeta al Senado de la República “para que sean ellos quienes tomen la decisión y mientras tanto nosotros quedamos en el limbo”.
