Leonardo Bastida Aguilar
“El que el Estado mexicano no garantice las condiciones necesarias para que las mujeres puedan realizarse una interrupción de su embarazo de manera segura, lo convierte en un cómplice de las muertes de muchas de estas mujeres por lo que cada deceso a causa de un aborto mal practicado es un feminicidio de Estado”, señaló Guadalupe Ramos, del Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Con motivo del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina, Ramos explicó de acuerdo con cifras de organizaciones de la sociedad civil, 34 por ciento de las interrupciones de embarazo son practicadas por médicos y 19. 6 por comadronas o parteras.
Añadió que las medidas legislativas de 17 estados que prohíben el aborto bajo cualquier modalidad ha ocasionado el encarcelamiento o procesamiento legal de 130 mujeres en Guanajuato, 19 en Baja California, 12 en Sonora y una en Chiapas.
Ángeles López, del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez de Guanajuato, indicó que en México a la mujer se le discrimina por el hecho de serlo por lo que el trabajo de la sociedad civil debe girar en torno al reconocimiento de la dignidad de las mujeres.
Agregó que en nuestro país se deben generar mecanismos para que las mujeres puedan denunciar las violaciones a sus derechos humanos ceñidos al derecho internacional y que permitan reconstruir la dignidad de las mujeres.
En torno a la rendición de cuentas que el Estado mexicano hará ante el Comité para la Eliminación de la Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mencionó que no considera que se le dé mucha importancia debido a que asuntos como alcanzar la reducción de muertes maternas como una Meta del Desarrollo del Milenio no ha sido prioridad de las autoridades mexicanas.
